El Estado tiene previsto aprobar en el próximo Consejo de Ministros un nuevo código de buenas prácticas al que las entidades financieras podrán adherirse voluntariamente, como el vigente en la actualidad, para facilitar la renegociación de la deuda avalada contraída por las empresas del tejido productivo español, según ha comunicado Economía a las entidades financieras. Este nuevo código contempla la extensión de los actuales plazos de conversión de los créditos ICO en préstamos participativos, y aplicación de quitas para reducir la deuda avalada, así como las refinanciaciones.

Con la extensión en un año, hasta 2023, de este conjunto de instrumentos se pretende quitar presión a las empresas a salir del bache de la crisis económica derivada del Covid, siempre que sean solventes, y poder aprovechar el empuje de la mejora del consumo. Así, las empresas que quieran pedir mayor plazo para la extensión de sus créditos ICO, y cuyo plazo finalizó el 1 de noviembre, podrán hacerlo hasta junio de 2022. Lo mismo sucede con las refinanciaciones, que podrán solicitar su aplicación hasta junio para ejecutarlo como hasta justo un año.

En cuanto a las quitas aplicadas a la deuda, un instrumento que fue muy controvertido en las negociaciones de la banca con el Gobierno entre el año pasado y principios del presente para su inclusión en el código de buenas prácticas y que finalmente se resolvió eliminando su obligación, el plazo para su negociación pasa del 9 de diciembre de 2022 al 9 de diciembre de 2023. Fuentes financieras aseguran que, de momento, las quitas en la deuda de los créditos ICO prácticamente no se han producido.

Las entidades financieras, con este nuevo código deberán volver a llevar a cabo su inscripción, tras el cambio de los plazos de ejecución. Si no lo hacen se entenderá que están de acuerdo con los plazos anteriores, aunque se espera que toda la banca vuelva ahora a ratificar el nuevo documento, que vuelve a ser voluntaria su adscripción.

Estas medidas se suman así a las aprobadas ya por el Consejo de Ministros del pasado martes. Entonces el Ejecutivo decidió extender hasta el 31 de julio de 2022 la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para autónomos y empresas que han garantizado, hasta el 18 de noviembre, 1,13 millones de operaciones y desplegados avales por 101.945 millones de euros, lo que ha permitido movilizar inversiones por 133.975 millones de euros en financiación a empresas. Según el Gobierno, se trata de una de las líneas de ayuda más utilizadas de la Unión Europea, ya que también ha movilizado casi 2.000 millones de euros de inversión en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).

El Gobierno también ha ampliado hasta el 30 de junio de 2022 el plazo de reintegro por parte de las comunidades autónomas de los fondos no ejecutados de la Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas, con el objetivo de que las comunidades puedan resolver los recursos de convocatorias ya cerradas. En el código de buenas prácticas vigente hasta ahora fijaba ya un marco de colaboración público-privada para activar hasta diciembre de 2022 las medidas más adecuadas para cada autónomo o empresa y garantizar el mejor uso de los recursos públicos. Ahora estos plazos se amplían.