El Gobierno proyecta que el salario de los funcionarios suba un 2% en 2022, por encima del 0,9% de 2021 y al nivel de lo acordado para 2020 antes de que se iniciara la pandemia. Así se desprende del alza salarial que contienen los Presupuestos de las Cortes, que tradicionalmente incluyen la cuantía que les ha trasladado Hacienda que prevé aplicar al resto de la Función Pública. Y así se encontraron ayer la cuestión los sindicatos, que todavía no han sido convocados a la negociación, aunque el Ejecutivo sólo tiene la obligación de informarles 48 horas antes de la aprobación de los Presupuestos, que las previsiones más optimistas sitúan en el próximo martes.

El Gobierno ha prometido en el Programa de Estabilidad 2021-2024 enviado a Bruselas que subsanará la diferencia entre el alza de los precios y la de los salarios de los trabajadores del Estado anualmente. La vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, no quiso pronunciarse por esta cifra preguntada ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y remitió a la presentación de los Presupuestos que haga en su momento la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Sin embargo, poco antes Calviño había planteado que la previsión del Gobierno es cerrar el año con un IPC medio armonizado en el 2,1%, compensando el repunte del 3% en verano con las cifras cercanas al 0% de principios de año.

Es decir, que el 2% está basado en sus previsiones de IPC y no supondría una pérdida de poder adquisitivo para el colectivo. Los sindicatos de Función Pública no lo veían así ayer, con un IPC en el 3,3% en agosto. Desde CSIF pedían una reunión urgente a Hacienda para ser informados y poder negociar. En la misma línea se pronunciaban UGT y CCOO. Planteaban que en las reuniones que tuvieron con el Ejecutivo a finales de agosto vieron buena disposición a su petición de recuperar el poder adquisitivo a su juicio perdido, pero no les dio ninguna pista de los planes retributivos. UGT reclama un pacto a varios años, como el que se cerró con Cristóbal Montoro en 2018, tras años de congelación por la crisis.

En marzo de 2018, Montoro cerró el primer acuerdo general en la función pública de los diez últimos años. El acuerdo incluía una subida salarial para los empleados públicos de entre el 6,1% y hasta el 8,79% durante 2018-2020, en función de cómo evolucionara el PIB y del cumplimiento del objetivo de déficit de 2020. En enero de 2020, Montero aprobó la última subida del pacto que dejó su antecesor. En 2021, validó un aumento de los salarios de los empleados públicos del 0,9% a pesar de la crisis de la pandemia y de los ajustes que ha realizado el sector privado.

La Mesa del Congreso planteó hace un año una subida para los diputados que primero promovió Podemos, pero luego se retractó, planteamiento en el que se mantiene ahora. En el mismo sentido se pronunciaron ayer Congreso y Senado. La Mesa del Congreso aprobó ayer su Presupuesto para 2022. El anteproyecto preveía un alza del 2% del salario, que se acordó congelar en el caso de los diputados, aunque sí se aplicará al personal de la institución si finalmente los Presupuestos Generales del Estado contemplan esa subida para todos los empleados públicos.

A su vez, los senadores cobrarán en 2022 la misma asignación que han recibido durante este año tras decidir la Mesa de la Cámara Alta congelar esta partida, por segundo año consecutivo, dentro de sus Presupuestos, que sí prevén subir un 2% el salario del personal.