La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha descartado que el Gobierno esté sopesando una modificación del Código Penal para eliminar del mismo la pena de prisión permanente revisable, y menos ahora “justo cuando el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado” avalando su constitucionalidad. Así ha respondido a la pregunta del senador por Vizcaya del Grupo Parlamentario Vasco, Imanol Landa, durante la sesión de control al Gobierno, cuando éste le preguntaba sobre si el Gobierno piensa abordar una reforma del Código Penal (CP) para suprimir la pena de prisión permanente revisable.

“La sociedad no merece que el Gobierno reabra ahora el debate, porque genera incertidumbre en cuestiones de gran sensibilidad, y -menos- que lo haga ahora justo cuando el TC ya se ha pronunciado”, ha explicado la ministra. Para Llop, la sentencia del Constitucional “supone un antes y un después” sobre esa pena y aunque, apunta, no evita el debate, “cualquier evaluación del sistema de penas debe realizarse con tiempo y reflexión”.

“Cuando el PP decidió imponer la prisión permanente revisable lo hizo en contra de todas las fuerzas parlamentarias. (…) Tras aprobación se interpuso recurso de inconstitucionalidad, y el TC ya se ha pronunciado sobre su constitucionalidad”, ha recordado, para luego añadir que ese cambio normativo llegó sin reflexión previa, sin acomodo con el resto de penas, era algo novedoso”.

Con todo, Llop ha indicado que en el Gobierno son conscientes de que no es una opción válida para numerosas fuerzas políticas, pero ha insistido en que “flaco favor se haría al sistema de penas si se tomara cualquier medida con celeridad, sin reflexión y con la misma falta de sensatez que trajo” esa pena al Código Penal. Pero Landa considera que es momento de actuar “con responsabilidad y altura de miras” para lograr un modelo garantista para asumir que “la defensa de la seguridad no debe conllevar menoscabo de derechos fundamentales”. A su juicio, no se pueden aceptar retrocesos en el sistema penitenciario, porque sólo así se evita acabar teniendo “un derecho desproporcionado e injusto”.

Pero Llop, ha indicado que uno de los fundamentos del estado de derecho es el respeto a las sentencias del TC, “se compartan o no”. “El TC tiene unas funciones que todos debemos acatar y respetar como máximo intérprete de la Carta Magna”, ha dicho. Pero Landa considera que esa pena, aprobada por los ‘populares’ en 2015, se legisló “en caliente” y es “vengativa”.