Los dos impuestos afectarán a grandes empresas de banca y sector energético y que ingresarán 7.000 millones en dos años. Este jueves se cierra formalmente el plazo de enmiendas parciales a la proposición de ley que recogerá las dos nuevas figuras, además del impuesto a los ricos y la limitación a los grupos consolidados de compensar pérdidas de sus filiales. Los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición, a través de sus grupos parlamentarios en el Congreso, registrarán sus respectivas enmiendas. Sin embargo, según fuentes del Ejecutivo, previsiblemente ninguna incluirá modificaciones de calado.

El impuesto a la banca, que pretende recaudar 3.000 millones en 2022 y 2023, parte de aplicar una tasa impositiva del 4,8% sobre el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras que en el año 2019 hubiesen ingresado más de 800 millones de euros, sumando estos dos conceptos. Aunque organismos como el BCE se han mostrado contrarios a este gravamen porque "podría distorsionar la competencia" y "trasladar" su coste a los clientes, el Ministerio de Hacienda recuerda que el dictamen del supervisor bancario no es vinculante y sostiene que solo pide redefinir cuestiones técnicas. "No parece que vaya a haber grandes cambios", explican fuentes del Gobierno.

Tampoco parece que vaya a haber modificaciones sustanciales en el gravamen que afecta a las grandes empresas energéticas, prosiguen las mismas fuentes. No obstante, añaden, aquí hay más posibilidad de rediseño que en el bancario debido a una posible contradicción y solapamiento con el gravamen europeo anunciado recientemente por Bruselas.

Previsiblemente, la prestación patrimonial española partirá de imponer un tipo del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios anual de las compañías del sector que facturen más de 1.000 millones de euros anuales. El objetivo es ingresar 4.000 millones en los dos mismos ejercicios. La Comisión, de su lado, parte de gravar al 33% los llamados beneficios extraordinarios, entendidos como aquellos que superen en un 20% la media anual registrada por cada empresa entre 2019 y 2021, dando pie a una recaudación que, si se circunscribe a España, sería mucho menor

Es decir, los conceptos que integran las bases imponibles del gravamen español y europeo difieren entre sí, algo que podría dar pie a cierta litigiosidad. El Gobierno, recalcan varias fuentes, se escuda sin embargo en el reglamento 2022/1854 de la Unión Europea. En concreto, en el artículo 14 que recalca que la contribución solidaria temporal será obligatoria "a menos que los Estados miembros hayan promulgado medidas nacionales equivalentes".

Esta frase, prosiguen las fuentes gubernamentales, da pie a una interpretación de la normativa comunitaria que permitiría imponer la tasa del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocio, dando lugar a una mayor recaudación. El objetivo, aseguran desde el Gobierno, es mantener este esquema en la medida de lo posible.

El Ejecutivo, con todo, está obligado a no estirar los plazos teniendo en cuenta que el decreto debe aprobarse antes de que finalice el año 2022. La proposición de ley registrada en el Congreso por PSOE y Unidas Podemos ha permitido al Gobierno esquivar los tiempos asociados al proyecto de ley tradicional y agilizar el proceso. En paralelo, este mecanismo ha evitado los informes de evaluación preceptivos que tendrían que haber elaborado organismos como el Consejo de Estado.

El decreto que recoge los gravámenes a banca y energéticas incluye el límite del 50% a la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales de los grupos consolidados en el impuesto sobre sociedades, una medida que afectará a 3.600 empresas y que ingresará 2.500 millones en 2023 y 2024.

El decreto también contempla el impuesto sobre las grandes fortunas que gravará las riquezas netas de más de tres millones de euros y que tendrá una deducción del 100% si se abona Patrimonio para evitar la doble imposición. El impuesto de solidaridad, como ha sido bautizado, afectará a 23.000 grandes patrimonios y recaudará unos 1.500 millones de euros ya este año. El Gobierno evaluará más adelante si lo convierte en permanente.