El Gobierno ha alcanzado un acuerdo político con la patronal y los sindicatos sobre las líneas maestras de la reforma de las pensiones. El Ejecutivo tiene ya el visto bueno de UGT, CC OO y la CEOE a los grandes ejes de esa reforma, según las fuentes consultadas en el Ministerio de Seguridad Social y los agentes sociales, aunque la patronal mantiene reservas sobre el texto final, que estará listo en apenas unos días, según coinciden tanto el Gobierno como el resto de partes implicadas en la negociación.

Dice Robert Skidelski, el biógrafo de uno de los grandes economistas del último siglo, John M. Keynes, que la pérdida de la capacidad redistributiva del Estado del bienestar “está asesinando el capitalismo y la democracia”. España ha pactado con Bruselas un paquete de reformas a cambio de 140.000 millones de euros para tratar de revertir esa tendencia, después de que la Gran Recesión y el rescate bancario español obligaran a hacer un conjunto de reformas que eran más bien un conjunto de recortes hace ahora 10 años. Se supone que esta vez es diferente: sobre el papel, reforma ya no es sinónimo de tijeretazo. Pero eso se va a poder empezar a comprobar pronto: el Gobierno ha alcanzado un acuerdo político con los sindicatos y las patronales para el primer tramo de la reforma de las pensiones, según fuentes de CC OO, de UGT, de la patronal CEOE y del ministerio. Quedan los flecos finales y la redacción definitiva, con sus endiablados detalles técnicos. A la espera de la laboral, el Ejecutivo saca así adelante su primera gran reforma al hilo del Plan de Recuperación. Pero los asuntos más delicados sobre pensiones se dejan para más adelante: no se aprobarán hasta 2022.

El ministro José Luis Escrivá tenía prisa por alcanzar un acuerdo en una reforma que le dio enormes quebraderos de cabeza hace unos meses por la propuesta, finalmente no presentada, de aumentar el periodo de cómputo (hasta 35 años cotizados) en el cálculo de las pensiones. Con la reforma laboral en plena negociación, Escrivá se anota así la primera reforma de gran calado, aunque con ese truco de dejar para el año próximo lo más peliagudo. “Las grandes cuestiones están totalmente acordadas; quedan algunos flecos y estamos muy encima del texto definitivo, que estará listo en unos días, puede que la semana próxima”, según explican fuentes de CC OO, que pretenden incluir una referencia explícita a las pensiones mínimas y no contributivas. UGT da el acuerdo por “cerrado”, siempre a falta del texto final, más complicado que en otros asuntos por la trascendencia de los detalles en un asunto de enorme complejidad.

La CEOE ve el vaso medio vacío. Aunque admite que ya hay consenso sobre las líneas generales, recuerda que queda todavía trabajar todo el texto normativo y que cualquier leve alteración del redactado puede generar problemas, más aún si se tiene en cuenta que la comisión de diálogo social de la CEOE cuenta con 280 miembros pendientes de ese acuerdo. Fuentes de Seguridad Social apuntan que el pacto se cerró primero con UGT, al cabo de unos días con Comisiones y finalmente con la CEOE, a falta de los citados detalles y después de pactar la extensión de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE), uno de los mecanismos que han permitido que la crisis asociada a la pandemia haya impactado menos en el mercado laboral que en anteriores recesiones.

En España hay actualmente 3,4 personas en edad de trabajar por cada mayor de 64 años. El gasto en pensiones contributivas roza el 11% del PIB, pero las previsiones demográficas y económicas sitúan esa cifra por encima del 15% en 2050, según los datos del informe España 2050. El Ministerio de Seguridad Social maneja escenarios más optimistas. Y confía en que el meollo de la reforma consiga rebajar esos datos para garantizar la sostenibilidad del sistema. Lo que sigue es un resumen de los cuatro grandes ejes ya pactados: derogación de parte de la reforma de 2013, revalorización de las prestaciones con el IPC, refuerzo de la estructura de ingresos del sistema, e incentivos para frenar las jubilaciones anticipadas y favorecer la jubilación demorada.

Revalorización. El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones se garantiza con la revalorización con el IPC —la inflación— del año anterior. En caso de inflación negativa las pensiones quedarán inalteradas. Se deroga así la reforma del PP de 2013, que obligaba a revalorizar las pensiones el 0,25% si las cuentas no estaban equilibradas.

Alinear edad ordinaria y edad efectiva de jubilación. Escrivá ha pactado con los agentes sociales la modificación de los coeficientes de la jubilación anticipada, los nuevos incentivos a la jubilación demorada, la modificación de la jubilación parcial y la reforma de las cláusulas de jubilación forzosa. Con ello quiere aumentar la participación de los mayores en el mercado laboral, con tasas de actividad de las más bajas de la OCDE. Eso, según la literatura académica que suele citar la Seguridad Social, no perjudica a los jóvenes. En el caso de la jubilación anticipada voluntaria se aplicarán coeficientes reductores de la pensión para desincentivarla; en el caso de la jubilación moderada, el ministerio plantea un pago único de hasta 11.000 euros por año o un 4% adicional en la pensión por cada año de demora.

Autónomos. Escrivá quería un sistema de tramos para garantizar que los autónomos coticen por sus ingresos reales, entre 90 y 1.220 euros al mes en función de los ingresos. Finalmente, la propuesta de tabla inicial se ha retirado, pero el compromiso entra ahora y en principio se definirán los tramos en el texto normativo: la idea es ponerla en marcha en 2022 con efectos económicos en 2023 —y un periodo transitorio de nueve años—, pero Seguridad Social evita especificar las cuantías.

Ingresos. Se garantizan las inyecciones del Presupuesto al sistema para rebajar el déficit. Estas incluyen gastos impropios que soporta la Seguridad Social y otros 10.000 millones de cotizaciones que pasarán a financiar pensiones y que antes financiaban políticas de empleo que se sufragarán con el Presupuesto. Este año se van a inyectar unos 14.000 millones, y podrían añadirse otros 8.500 millones. Es decir, habrá que obtener recursos de los impuestos.