El Gobierno aprobó ayer un paquete de medidas de choque para paliar las nefastas consecuencias que la escalada de los precios internacionales del gas está teniendo sobre el mercado mayorista de la electricidad (hoy por encima de los 172 euros/MWh), al que está indexado el precio de la energía que pagan los consumidores domésticos acogidos al PVPC. También quiere amortiguar las que va a tener en la tarifa de último recurso (TUR) del gas que se revisa cada trimestre siguiendo una fórmula que incluye los precios de la materia prima: en la última revisión de esta tarifa, el pasado 1 de julio, el precio del gas se situaba en 38 euros/MWh y en este momento supera los 63 euros/MWh.

De las distintas medidas, la fijación de un tope en la subida de la tarifa regulada del gas en los dos próximos trimestres es quizás la más novedosa. Según la información oficial, se trata de fijar una subida de la TUR a partir del 1 de octubre que no supere el 4,4% y evitar así la que se derivaría de aplicar tal cual la citada fórmula, esto es, un alza de casi un 29%. Sin embargo, se trata de una “subida media”, que será mucho más elevada en el caso de los usuarios que tienen la TUR con calefacción. Esta medida no implica una intervención de los precios, sino que encubre la generación de un déficit de tarifa ex ante del sistema del gas, que puede ser considerable. En otras palabras, la citada subida del 29% no se perdona, sino que las comercializadoras del mercado regulado la financiarán y la cobrarán en el recibo de una manera diferida y con intereses. Eso sí, a partir del próximo marzo.

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha encontrado otra opción legal para evitar trasladar a la factura del gas la fuerte subida de un combustible cuya demanda se ha disparado y que está sometido a presiones geoestratégicas: la pugna entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania, que ha llevado al presidente ruso, Vladimir Putin, a recortar el fluido por el gasoducto ucraniano, pero cuya oferta se disparará cuando entre en funcionamiento a finales de año el tubo que conecta directamente Rusia con Alemania (el Nord Stream 2), con una capacidad de 5,600 millones de metros cúbicos) y que también Estados Unidos ha querido boicotear con sanciones. No en vano, los mercados de futuros del gas ya reflejan una distensión de este mercado a partir de la próxima primavera.

El plan de urgencia español incluye varias medidas fiscales que acaban el 31 de diciembre de este año. De esta manera, el Ejecutivo tiene las manos libres para tramitar los Presupuestos de 2021. Una de ellas, el recorte del impuesto especial de la electricidad del 5,1% al 0,5%, es de nuevo cuño. Este es el tipo mínimo permitido por la UE y afectará en un principio a las comunidades autónomas, que son las beneficiarias. Otra, como la reducción del IVA del 21% al 10% aprobada en junio hasta fin de año, se queda como está, mientras que se amplía hasta esa fecha la eliminación del impuesto del 7% sobre los ingresos por la venta de electricidad, un tributo que, aunque se aplica a todas las generadoras eléctricas, estas lo trasladan al precio final.

El recorte del IVA no implica una pérdida de ingresos para Hacienda, pues lo compensa con una mayor recaudación por la propia subida de la factura de la luz que grava y por los mayores ingresos procedentes del incremento de los precios de los derechos de emisión de CO2, el segundo factor causante de la actual crisis eléctrica. En este caso, el Gobierno también ha abierto la mano al ampliar en 900 millones de euros el límite de ingresos que el Estado destinará a cubrir costes del sistema, con lo que pasarán de 1.100 millones a 2.000 millones este mismo año. Para el que viene, se mantiene la incógnita.

La medida estrella es el real decreto ley de inmediata aplicación por el que a las tecnologías inframarginales no emisoras de CO2 (nuclear, hidráulica y las renovables que venden en el pool) se les detraerán los beneficios extras que obtengan por la subida del precio del gas como energía que marca el precio marginal en el mercado, del que se benefician. La medida se aplicará hasta el 31 de marzo de 2022 y supondrá unos ingresos para el sistema de 2.600 millones, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Una cantidad que resulta de la diferencia entre el precio real y el que les impone el Gobierno: la cotización media de los últimos años y un precio de reserva.

A este recorte de los llamados beneficios llovidos del cielo por los precios extraordinarios del gas se añadirán los correspondientes, por el mismo motivo, al CO2. Un ajuste incluido en un proyecto de ley que se tramita en el Parlamento y que no verá la luz hasta principios del año que viene. En ese caso, los ingresos serán inferiores, pero también sustanciosos, más de mil millones.

Además de estas medidas coyunturales para pasar el invierno, figuran otras relativas al bono social de la luz o el uso del agua embalsada para producir electricidad en verano, y una de carácter permanente, cuyo resultado resulta menos incierto: la obligación de subastar parte de la energía nuclear e hidráulica por parte de los operadores dominantes (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP), por tener más del 10% de cuota de generación.

Aunque España encabeza las subidas de la luz de sus consumidores domésticos, ligados por el PVPC al pool, el resto de países con tarifas fijas periódicas ya empiezan a temer los estragos de la escalada de los precios eléctricos ante las futuras revisiones. No en vano, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha insistido en la CE que se trata de un problema común que se ha de resolver en Bruselas.

Por el momento, el ministerio no se ha atrevido a tocar el PVPC, pues cambiar un sistema ahora caro por otro con cobertura de riesgo y ligado a unos mercados de futuros que marcan hasta 90 euros/MWh para el año que viene, sería un mal negocio.