El Gobierno ha decidido agilizar la adquisición de viviendas a la Sareb para facilitar el alquiler de las mismas con rentas asequibles. Con este fin también impulsará el bono joven de alquiler, que en 2023 tendrá un presupuesto de 200 millones de euros. El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto Ley con una transferencia de 10 millones de euros a las comunidades autónomas. El objetivo de este dinero es que las administraciones regionales puedan pagar a la Sareb el precio total de la vivienda, con todos los gastos, y que éstas puedan poner el alquiler a precios asequibles para los jóvenes.

Es decir que el Gobierno regala las viviendas a las comunidades autónomas, para extender el alquiler de vivienda asequible entre los jóvenes. Hasta ahora las ayudas a las comunidades autónomas para este fin equivalían al 60% del precio de la vivienda. Con esta modificación económica el Ejecutivo prácticamente regala las viviendas a las administraciones regionales.

Cabe recordar que la Sareb es la sociedad que creó el Gobierno del PP con los activos tóxicos en viviendas y préstamos que tenían las cajas de ahorros, cuando estalló la burbuja inmobiliaria en 2007. Al cerrar 2021, la entidad, de la que el Gobierno tiene un poco más del 50%, cuenta con unos activos, entre inmuebles y préstamos, de 28.895 millones de euros. De esta cantidad, 15.631 millones de euros eran el valor de las viviendas, y 13.264 millones, el de los préstamos.

La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, explicó que la medida aprobada por el Consejo de Ministros "facilita la contribución de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) al incremento del parque de viviendas públicas". Sánchez recordó que los 10 millones de euros destinados a la compra de viviendas para el alquiler forman parte del Presupuesto General del Estado de 2022.

"Estas medidas que hemos aprobado hoy constituyen un impulso más de nuestra política de vivienda. Es un esfuerzo sin precedentes en esta materia", dijo Sánchez, en la línea de la larga campaña preelectoral que ha comenzado el Gobierno con vistas a la cita con las urnas en 2023. El próximo año hay elecciones municipales, autonómicas y generales. Con este fin también, la ministra recordó el Plan de Vivienda 2022-2025. El Gobierno espera la edificación de más de 100.000 viviendas. Hasta el momento, se han construido 100.000 unidades, de las que 25.000 ya están habitadas.

Dentro de la política de facilitar el alquiler asequible de vivienda, la ministra aseguró que el Gobierno mantendrá la actual prohibición a los propietarios de subir más de un 2% la revisión del alquiler, si persiste el escenario actual de elevada inflación. Máxime cuando la subida de los tipos de interés está provocando el encarecimiento de las hipotecas para la compra de vivienda. "La decisión [de limitar al 2% la subida de los alquileres] todavía está sujeta a análisis [por parte del Gobierno]". "Pero si persisten las condiciones que motivaron su aplicación, como el contexto de inflación, mantendremos esa medida" el próximo año. Actualmente, está vigente hasta el 31 de diciembre. En todo caso, Sánchez dijo que el Ejecutivo "está comprometido a no escatimar esfuerzos en facilitar el acceso a la vivienda".

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó ayer nuevas subvenciones de 110 millones de euros, en total, para la digitalización y modernización de las pequeñas y medianas empresas del transporte por carretera de pasajeros y mercancías. El plan forma parte del acuerdo que el Gobierno alcanzó a finales del pasado año con el sector para frenar el paro patronal, que puso en jaque a la economía.

Como en el caso de la vivienda, el Gobierno transferirá, antes de final de año, los 110 millones de euros a las comunidades autónomas para que estas repartan las ayudas entre las empresas. El objetivo de estas ayudas es instaurar la digitalización y, por ello, la modernización de este tipo de transporte. Por ejemplo, para mejorar la productividad al reducir y agilizar el papeleo y la documentación.

De la medida se beneficiarán 17.000 empresas, que contarán con una cuantía máxima de 25.000 euros para subvencionar hasta la totalidad de las iniciativas que presenten. El Gobierno espera que estas subvenciones ayuden a la creación de 3.600 empleos en el sector y contribuyan a aportar al PIB 260 millones de euros anuales. Entre las actuaciones se encuentra la digitalización de toda la documentación relacionada con la carga para mejorar la productividad. El Ejecutivo también aprobó una inversión de 510 millones de euros, entre 2022 y 2028, para mejorar la iluminación y la eficiencia energética de las carreteras y túneles de las mismas, con instalaciones LED. El Gobierno se propone reducir de 30 a 15 millones de euros la factura energética de estas infraestructuras.