Y lo ha hecho con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de una Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública en la que se establecen las normas para la elaboración de las cuentas públicas. Los objetivos del departamento que lidera María Jesús Montero pasan por consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo, pero sin perder de vista la sostenibilidad de las finanzas públicas y los desequilibrios generados por la crisis inflacionista.

De entrada, según destaca Hacienda en una nota, "uno de los criterios de asignación de recursos en las cuentas públicas serán las medidas para proteger a los consumidores y a los sectores más afectados por el alza de precios provocado por la guerra". En concreto, el Gobierno tiene previsto "apoyar, con medidas específicas y temporales, a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables por la escalada de los precios energéticos, contribuyendo a reforzar la seguridad e interconexión energéticas y de suministro, la estabilidad de precios y reforzando las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo de calidad".

El Gobierno, según recuerda el comunicado del ministerio, ya ha adoptado medidas de diversa índole para combatir el aumento de la inflación provocado por la guerra mediante, "por ejemplo, una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, las ayudas directas a transportistas, agricultores o la industria gas intensiva o con la mayor rebaja de impuestos de la historia a la electricidad".

Pese al despliegue de todas estas medidas y al impacto que tendrán en las cuentas públicas, Hacienda recuerda que la responsabilidad fiscal de España "se mantiene y está recogida en el último Programa de Estabilidad enviado Bruselas". Es ahí donde se incorpora una senda a medio plazo que permitirá reducir el déficit por debajo del 3% del PIB en 2025 y situar el nivel de deuda pública por debajo del 110% del PIB para ese mismo año, según prevé el Gobierno.

La Orden publicada en el BOE, no obstante, recuerda que Hacienda tiene en cuenta la decisión de la Comisión Europea de extender a 2023 la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que en la práctica implica que las reglas fiscales que ponen límites al déficit y la deuda seguirán suspendidas hasta el año 2024. Con todo, resalta el texto, la economía española afronta la situación de incertidumbre global desde una posición "sólida", afirma Hacienda.

Además del impacto que ocasiona la subida de los precios en los hogares y empresas más vulnerables, otro de los criterios que seguirá el Gobierno para asignar los recursos de los PGE será el impulso a la senda verde. Así, se dará prioridad a aquellos proyectos que permitan continuar impulsando el proceso de transformación estructural de la economía, avanzando hacia un país "más verde, más digital, más cohesionado desde el punto de vista social y territorial y más igualitario".

En concreto, a las cuentas de 2023 se le unirá un nuevo informe de alineamiento con la transición ecológica, con el que se cumple uno de los hitos recogidos en el componente 29 del Plan de Recuperación. Este informe, explica Hacienda, vendrá a acompañar a los análisis de alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de impacto de género y del impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia, y a la información presupuestaria sobre la juventud y sobre las actuaciones referentes al reto demográfico y a la lucha contra la despoblación.

Los PGE de 2023 buscarán avanzar hacia un modelo de crecimiento sostenible de economía circular para la agricultura y la pesca, la industria y los servicios; reducir la dependencia general de los combustibles fósiles; apoyar la inversión complementaria en el almacenamiento, la infraestructura de red, la electrificación de los edificios y el transporte y el hidrógeno renovable; ampliar la capacidad de interconexión energética, y aumentarla disponibilidad de viviendas sociales y asequibles y energéticamente eficientes.

Las cuentas públicas incorporarán también los créditos necesarios para recoger el conjunto de actuaciones que, formando parte del Plan de Recuperación, están destinadas para este ejercicio. "España ha avanzado en la implementación de las reformas y los objetivos marcados en el Plan y ha alcanzado una velocidad de crucero en la ejecución del programa de inversiones. De hecho, la Administración General del Estado ha resuelto ya convocatorias para más de 17.000 proyectos", destaca Hacienda.