María Jesús Montero, ministra de hacienda, avanzó que "a veces el vehículo del Impuesto de Sociedades no es el que aporta el mayor rendimiento. Estamos trabajando en el Gobierno para hacerlo de la forma que permita una aportación efectiva". De hecho, la alternativa que gana peso en el Ministerio es la creación de un nuevo impuesto específico y presumiblemente temporal.

Los técnicos del Gobierno, admitió ayer Montero, "están trabajando en esta figura fiscal", que se anunciará cuando se termine de definir "qué formato va", añadió, agregando que en estos momentos aún lo están "explorando".

Desde el Ejecutivo confirman, de hecho, que por tomada que esté la decisión esta medida se desligará de la prórroga del plan de choque contra la inflación que se aprobará el sábado en un Consejo de Ministros extraordinario. De hecho, por la complejidad del proceso que tendría articular una u otra vía, se asume que la puesta en marcha llevará meses. Esto es así porque el Gobierno no podrá acudir esta vez a un real decreto ley para modificar el impuesto de Sociedades o incluir la creación de un nuevo tributo en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, sino que deberá apostar por promover un proyecto de ley específico haga lo que haga.

En todo caso, el reto que se ha fijado Hacienda es diseñar un mecanismo que permita gravar los beneficios extraordinarios que el alza de precios está generando a las compañías eléctricas en este año, pues la expectativa es que la inflación y los costes energéticos vayan suavizándose a partir del próximo año. Así, aunque el mensaje de Hacienda es que el tributo debe estar operativo para el 1 de enero, lo cierto es que tendrá que ser aprobado este mismo año si se quiere que tenga efectos recaudatorios sobre el presente ejercicio fiscal, aunque la liquidación del mismo se produzca ya en 2023.

"Estamos absolutamente de acuerdo en que tenemos que hacer un reparto justo del impacto de la guerra, y que tenemos que evitar los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, esto incluye petroleras y eléctricas", suscribió ayer la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que restó importancia a las diferencias de criterio aireadas por los socios de Gobierno en cuanto a la fórmula y puso el foco en el consenso alcanzado en torno a la necesidad de impulsar un alza fiscal sobre este sector. "Todo el Gobierno está alineado" en torno a la necesidad de "gravar o evitar los beneficios extraordinarios de las eléctricas", culminó, avanzando que solo resta "encontrar el instrumento legal, fiscal o financiero para lograr ese objetivo".