A pesar de que el Banco Central Europeo recomendó en su dictamen sobre el gravamen (que se aplicará en 2022 y 2023) que las entidades deberían tener en cuenta todos sus costes, incluidos los fiscales, a la hora de formar sus precios, el Ejecutivo se mantiene inflexible y quiere controlar que el tributo no lo acaben pagando los clientes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido a la oposición, durante un acto en Vitoria-Gasteiz, que el Ejecutivo va a continuar con su "hoja de ruta de aprobar unos impuestos para que los que estén arriba apoyen a los que están abajo" en las actuales "circunstancias tan dramáticas" que ha provocado la guerra en Ucrania. Además, ha defendido que una democracia como es España "no rinde tributos a los dictadores y a sus secuaces".

Ya el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España, Félix Bolaños, aclaró el viernes que el Gobierno no quiere que la banca repercuta en el cliente el gravamen "porque si no, finalmente, acabarían pagando otra vez los de siempre". "Lo que queremos es que durante un tiempo corto se grave a las grandes energéticas y entidades a consecuencia de los beneficios extraordinarios que están teniendo" por las subidas de los precios energéticos y de los tipos de interés", resaltó.

La proposición de ley, que se está tramitando en el Congreso, incluye en su texto la prohibición de trasladar el gravamen en forma de un encarecimiento del crédito y prevé que su incumplimiento constituirá una infracción grave. Para ello, la propuesta incorpora un mecanismo por el que la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) y el Banco de España tienen que vigilar que no se produzca una traslación del impuesto a los clientes. Sin embargo, el BCE ha cuestionado en su dictamen cómo se va a ejecutar ese control. "No está clara cuál será la función de colaboración del Banco de España para garantizar el cumplimiento por parte de las entidades de crédito del requisito establecido en la proposición de ley de no trasladar el importe del gravamen temporal a sus clientes", indicaba el supervisor en su veredicto. "Sobre este punto, el BCE subraya que esta cuestión podría aclararse más, en particular, indicando que no equivale a encomendar ninguna tarea nueva al Banco de España", añadía.

Más allá de la intención del Gobierno, los expertos consultados consideran que en la práctica resultará complicado controlar una hipotética repercusión del impuesto en los precios del crédito. En ese sentido, explican que, dentro del contexto de alzas en los tipos de interés, que está provocando un encarecimiento generalizado en el precio de los préstamos, será complicado detectar una subida lo suficientemente significativa que pueda revelar que una entidad está repercutiendo el impuesto a sus clientes.

El dictamen del BCE ha supuesto un respaldo para la banca, ya que el supervisor ha recogido punto por punto las críticas que venía apuntando el sector: cuestiona que el Ejecutivo solo tenga en cuenta los ingresos y no el aumento de costes por las mayores provisiones que tendrá que dotar; alerta de una contracción de la oferta del crédito; afea que solo se aplicará a las entidades que cumplan con ciertos parámetros, y advierte de que podría y podría distorsionar la competencia.

Sin embargo, se trata de un triunfo moral más que efectivo, ya que el Gobierno ha asegurado que seguirá adelante con su planteamiento. "Agradezco sin duda la ganas de ayudar y los consejos del señor de Guindos", señaló, en tono irónico, este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordando el pasado del vicepresidente del BCE como ex ministro de Economía del anterior Gobierno del PP y "artífice del rescate financiero al sector financiero" que no iba a costar un céntimo a los españoles. Aunque aseguró que tomarán nota y estudiarán el informe, su hoja de ruta se mantiene. "A la luz de los beneficios y dividendos que está dando el sector financiero está justificado que arrimen el hombro un poquito", valoró Sánchez.