El Gobierno de España estudia recortes las ayudas directas de 20 céntimos por litro al suministro de gasolina y diésel a final de año, para que solo se beneficien las rentas más bajas, según avanza Bloomberg. Hace unas semanas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que era difícil establecer la bonificación por nivel de renta.

Cuenta atrás para el fin de la bonificación de 20 céntimos para la gasolina o diésel, tal como está planteada. El Gobierno estudia la manera de recortar las ayudas y redirigirlas hacia las rentas más bajas, pese a las dificultades técnicas que entraña.

Para finales de año, el mecanismo debería estar listo, según avanza Bloomberg. Hasta ahora todo el mundo se beneficia de la medida, que desde el principio ha sido criticada por su carácter regresivo y de beneficiar sobre todo a las rentas más elevadas.

Desde el pasado mes de abril, los consumidores reciben un descuento de 0,2 euros por litro a la hora repostar gasolina o diésel. La medida fue ampliada en junio hasta final de año. El gobierno estima que el coste fiscal se eleva a 6.000 millones de euros. El Estado subvenciona 0,15 euros y las empresas petroleras aportan el resto.

Hace semanas que el debate está abierto sobre el futuro de la ayuda. Desde instituciones como el BCE o la Comisión Europea están presionando a los gobiernos para que terminen con medidas de este tipo que se aplican de manera generalizada y que van en contra de realizar ajustes necesarios para frenar la inflación.

Los organismos internacionales como el FMI abogan por medidas selectivas que ayuden a las rentas más bajas contra la subida de precios. La semana pasada la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que "no era posible" introducir la bonificación de 20 céntimos por nivel de renta que "habría que establecer otro tipo de medidas" como, por ejemplo, "compensación de rentas a este tipo de colectivo". No obstante, indicó que sí es "posible" establecer la bonificación en "sectores profesionales". La ministra de Economía, Nadia Calviño, ya había adelantado que sería difícil que para 2023 se mantuviera la bonificación, pero que sería factible reorientarla hacia el sector del transporte.

Parte del Gobierno ya se había decantado hace tiempo por esta opción, para que la medida fuera más progresiva. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuesta por una ayuda que tenga en cuenta otros factores. "No tiene sentido" que ella misma tenga bonificado el combustible de su vehículo privado y que las personas que se desplazan a trabajar o estudiar en transporte público no cuenten con más ayudas.

Desde el Gobierno, más allá de las apreciaciones de distintos ministerios, no suelta prenda que va a pasar con la bonificación. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), en un comunicado, asegura que a día de hoy la Administración no se ha puesto en contacto con ella para explicar qué sucederá con la bonificación. La patronal de gasolineras pide al Ejecutivo "un diálogo abierto y transparente", con el objetivo de poder preparar los sistemas informáticos de las estaciones de servicio para el nuevo escenario que se tenga con el inicio del año.

En este sentido, CEEES recuerda que el modo en el que la Administración decidió comunicar e implantar la bonificación el pasado 1 de abril "generó un absoluto caos en la mayoría de las estaciones de servicio españolas", que tuvieron apenas 40 horas para implementar los cambios necesarios en sus sistemas informáticos, "perfectamente capaces de hacer descuentos comerciales pero que no estaban preparados para hacer bonificaciones".

A este respecto, estimó que esas adaptaciones y la extrema urgencia con la que hubo que desarrollarlas supusieron un coste sobrevenido para las empresas del sector de más de 3.000 euros por estación de servicio. Asimismo, CEEES indica que desde hace más de un año viene defendiendo que la rebaja impositiva sería "la mejor opción", tal y como se ha aplicado a otras energías, como la electricidad y el gas.