El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el que aspira a captar los 140.000 millones en subvenciones y créditos europeos con los que dejar atrás la crisis del Covid-19. Un aspecto clave de la hoja de ruta de inversiones y reformas es el mecanismo de fiscalización del uso de las ayudas comunitarias, que no solo deberá garantizar un correcto y eficiente uso de los recursos comunitarios, sino que será clave para garantizar su llegada, pues los desembolsos estarán condicionados al cumplimiento de objetivos. Una delicada tarea para la que el Gobierno baraja contratar a auditoras privadas.

El sistema de fiscalización ideado por el Gobierno busca conjugar los mecanismos de control ya existentes en las administraciones públicas, reforzándolos, junto con otros de nueva creación que permitan verificar “la fiabilidad de los hitos y objetivos” marcados, y evitar “las irregularidades relativas al fraude, la corrupción, el conflicto de intereses o la doble financiación”. Se articulará en tres niveles con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en la cúspide de la pirámide. El primero lo ejecutarán cada una de las administraciones que impulsen proyectos con ayudas europeas, que deberán usar las bases de datos y plataformas de contratación públicas, así como las herramientas de análisis diseñadas por la Comisión: el sistema Aracne.

Hacienda emitirá una orden ministerial que regule la información a facilitar en cada caso y su contabilización. A su vez, se impulsará un nuevo sistema de gestión integral del Plan de Recuperación, que cotejará los avances de cada proyecto con las solicitudes de fondos, del que se lanzará una versión esencial en 2021 que se completará “plenamente en 2022”. El modelo, desarrollado por la IGAE, estará administrado por la Secretaría General de Fondos Europeos, que podrá dar acceso a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Comisión, la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas Europeo. A su vez, “se ha doblado la estructura de personal del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude”.

Un segundo nivel de control ex ante, que podrá ser reforzado por el Consejo de Ministros, lo ejercerán los órganos de control interno y asesoría jurídica de las administraciones contratantes, que deberán contar con un sistema de alertas a la IGAE. El tercer mecanismo de revisión, de auditoría ex post, correrá a cuenta de la propia IGAE, en colaboración con las Intervenciones Generales autonómicas, que también deberán participar en el segundo nivel de control. La autoridad “tendrá libertad de acceso a los sistemas de información de las entidades públicas estatales que participen en la gestión de fondos europeos” y a “cualquier otro registro” afectado. “Cualquier entidad pública o privada quedará obligada a facilitar la información” que le requiera la IGAE, aclara el Gobierno.

Y es en este tercer nivel de fiscalización donde el Ejecutivo contempla la posibilidad de contratar a auditorias privadas para reforzar la vigilancia. Así, el Plan de Recuperación, contempla posibilidad de que sea “necesaria la colaboración de firmas privadas de auditoría para efectuar ciertos trabajos”, dejando en manos de la IGAE, o sus órganos de control, “realizar su contratación” y establecer “cláusulas en los pliegos de contratación para prevenir posibles incompatibilidades respecto a los organismos objeto de control, así como cualquier conflicto de intereses que pueda surgir durante la ejecución de los contratos”. Después de todo, estos mandatos recaerían previsiblemente en las cuatro principales firmas del ramo, KPMG, Deloitte, PwC y EY, que habitualmente prestan servicios a las grandes empresas del país con las que el Gobierno busca impulsa proyectos de colaboración público-privada.

Este nuevo sistema de información, detalló ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un acto organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), permitirá que Bruselas tenga acceso directo y continuo a las actuaciones de todas las administraciones: desde la instalación de una electrolinera para coches eléctricos que impulse un ayuntamiento, al plan estatal de corredores ferroviarios, pasando por los proyectos autonómicos, ilustró. A fin de cuentas, recordó, España recibirá un anticipo de 9.000 millones cuando la UE dé el visto bueno a su plan, pero los siguientes pagos semestrales (16.000 millones en subvenciones este año, 27.000 el próximo y el resto, hasta los 70.000, en 2023) solo se desbloquearán al ir cumpliendo hitos.