La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se ha fijado acabar con la excesiva temporalidad en la Administración Pública antes del 1 de junio de 2022. Para llevar a cabo su hoja de ruta ha avanzado que aprobará ofertas extraordinarias de empleo y ofertas ordinarias.

En su primera comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Función Pública en el Congreso de los Diputados como responsable de la cartera de Función Pública, Montero ha explicado que actualmente la temporalidad en el conjunto de administraciones públicas es del 30% y ha recordado que el objetivo del Gobierno es reducirla hasta el 8%. “No es de recibo que quien ejerce un trabajo estructural en la Administración lo haga como temporal”, ha recalcado.

Montero se ha referido al Real Decreto-ley 14/2021 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público aprobado en Consejo de Ministros el 6 de julio y que se está tramitando como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados. Sobre este, el Gobierno cerró un acuerdo con ERC y PNV la semana pasada para que los trabajadores de la Administración Pública con carácter de interinidad con más de cinco años en el mismo puesto (previamente se fijó en 10) consigan una plaza fija sin necesidad de opositar, mediante un concurso de méritos amparado en el artículo 61.6 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Montero ha anticipado que la entrada en vigor del Real Decreto de interinos llevará a una “eliminación de facto” de la tasa de reposición. Según ha explicado, la obligatoriedad de convocar las plazas antes de que transcurran tres años desde su ocupación temporal implicará que la tasa de reposición se tendrá que adaptar al volumen de plazas y a las ofertas de empleo público y no al revés.

La ministra también ha apuntado la necesidad de afrontar el reto de la elevada edad media de las plantillas, ya que el 66% de los empleados de la AGE tienen más de 50 años, lo que supone que en nueve años casi el 57% de la plantilla estará jubilada. “Necesitamos rejuvenecer las plantillas públicas, y para ello tenemos que conseguir que trabajar para la Administración Pública sea una opción atractiva para las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral. Necesitamos captar talento”, ha explicado Montero.

La ministra, que ha comparecido para informar por primera vez desde que asumió la cartera de Función Pública sobre las líneas generales de su política de actuación en este ámbito, ha detallado que con fecha de julio de 2021 ya se había autorizado la convocatoria de 219.464 plazas, fundamentalmente en las administraciones central y autonómica, de las que han sido convocadas 159.945 y de las que solo se han cubierto 66.715. Para ello, el Gobierno aprobó un real decreto, que se tramita como proyecto de ley en las Cortes, para reducir la temporalidad en el empleo público del 30% actual al 8%, que conlleva un proceso de estabilización de 300.000 puestos de trabajo ocupados por interinos en las administraciones.

El Gobierno aprobará antes de junio de 2022 una oferta ordinaria y extraordinaria de empleo público que afectará a más de 300.000 plazas estructurales, que deberán ser convocadas antes del 31 de diciembre de 2022 y asumidas antes de que termine 2024. “Vamos a acabar con la excesiva temporalidad en el sector público aprobando las ofertas de empleo público (OEP) de estabilización de empleo temporal antes del 1 de junio de 2022”, ha señalado.

Para Montero, será “imprescindible, una vez aprobadas (dichas convocatorias), imprimir el ritmo necesario” para adjudicarlas en tiempo, ya que, además, la ley establece que se podrá cubrir con un interino las plazas vacantes, cuando no sea posible hacerlo con un funcionario de carrera, solo por una duración máxima de tres años.

Montero ha asegurado que la nueva ley para atajar la temporalidad en el empleo público llevará a la eliminación de la tasa de reposición, al considerar que la obligatoriedad de convocar las plazas antes de que transcurran tres años desde su ocupación temporal implicará que la tasa de reposición se tendrá que adaptar al volumen de plazas y a las ofertas de empleo público, y no al revés.

Ha recordado que el objetivo del Gobierno es reducir la tasa de temporalidad por debajo del 8% en el conjunto de las administraciones, y que esta es una exigencia que sólo cumple la Administración General del Estado (7,04%), frente a las cifras más elevadas de otras administraciones territoriales, que elevan la media estatal hasta el 30%, una temporalidad que está por encima de la del sector privado (23,6%).

La ministra ha atribuido la temporalidad actual a la menor tasa de reposición de plazas públicas durante los últimos años y ha recordado que ya en 2021 se elevó al 100% con carácter general, y al 110% y 115% para sectores prioritarios, lo que “ha permitido un volumen de plazas convocadas muy importante”. Así, ha recordado que el pasado mes de julio se convocó una oferta de empleo de 23.491 plazas, a las que se suman 1.920 para las fuerzas armadas 5.034 para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

“En total, la oferta de empleo para este año asciende a 30.445 nuevos puestos de trabajo, un 8,5% más en comparación con 2020”, ha señalado Montero, que ha resaltado que se trata de “la mayor oferta ordinaria de empleo de la historia, de las que 13.900 fueron nuevos ingresos y 9.500, para promoción interna”. Además, ha destacado que “este volumen de plazas de los tres años de Gobierno de Sánchez supone una oferta de empleo un 73% superior a la de los seis ejercicios previos, es decir, 109.718 plazas que se ofertan en tres años frente 73.500 del periodo 2012-2017”.

En 2022, ha añadido, “vamos a incluir una tasa de reposición del 110% con carácter general, del 120% para sanidad, educación y ciencia y del 125% para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía autonómica y cuerpos especiales”.