Pedro Sánchez se ha comprometido a que, al final de 2021, el coste total del recibo de la luz sea similar al del 2018. Para lograrlo, el Gobierno prepara un plan que pondrá en marcha de manera “inminente”. Así lo han anunciado las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que este lunes han asegurado que están preparando una serie de propuestas “estructurales y otras a corto plazo” que permitan recudir la factura energética. Ribera, responsable de Transición Ecológica, ha apuntado que el Consejo de Ministros aprobará un paquete de medidas en las próximas semanas que permitan amortiguar el encarecimiento del precio de la luz.
Coincidiendo con que este lunes el precio de la luz ha escalado hasta los 132,65 euros por megavatio hora (MWh), siendo el lunes más caro de la historia en España, Ribera ha asegurado que el objetivo del Gobierno es buscar un modo para “fijar el precio de la luz al margen del mercado mayorista”. Para ello, la vicepresidenta tercera ha apuntado que algunas de las medidas pasan por el fortalecimiento de la cobertura a consumidores vulnerables o la creación de mecanismos alternativos para que las empresas con un peso importante en el sector deban vender la energía a pequeñas comercializadoras a un precio que se fije por subasta.
No obstante, Rivera ha defendido que el Ejecutivo lleva meses trabajando en esta problemática y que a lo largo del verano se ha creado cierta “alarma”. Según ha dicho, la rebaja del IVA del 21% al 10% que aprobó el Gobierno en junio y hasta finales de año, y la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante el último trimestre del año ya están teniendo incidencia en la factura. Además, Calviño ha desvelado que Ribera ha mantenido este fin de semana una reunión con la comisaria europea competente en la materia para solicitar que el marco regulatorio se adapta al proceso actual de transición ecológica.
Otro de los frentes en los que pretende trabajar el Ejecutivo es las malas prácticas de vaciado de embalses que realizan las empresas hidroeléctricas. Calviño ha asegurado que la intención del Ejecutivo es “utilizar instrumentos legales para poner fin a esa mala praxis”. Así, ha insistido en que no se puede permitir que se realiza una gestión “inadecuada de unas concesiones públicas que, por razones puramente de beneficios de las empresas”, repercutan negativamente en la sociedad.
Tanto Ribera como Calviño han cargado contra las propuestas de Unidas Podemos. La ministra de Transición Ecológica ha asegurado que fijar un precio a la energía nuclear e hidráulica, como reclaman los morados es “incompatible con el Derecho Europeo” y ha recordado que en Europa se permite que ambas tecnologías fijen su precio a través de mecanismos de mercado, no por imposición del Gobierno. Así, les ha afeado que hagan propuestas de manera “activista” y no tras una lectura “sosegada”.