El Consejo de Ministros aprobó este martes una modificación del real decreto-ley de ayudas directas para pymes y autónomos para ampliar hasta septiembre el ámbito temporal cubierto y aclarar que podrán cubrirse con las ayudas las pérdidas contables una vez satisfechas las deudas. Según informó el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en un comunicado, se amplía en cuatro meses, desde el 31 de mayo hasta el 30 de septiembre, el plazo de cobertura de las ayudas, de manera que podrán emplearse para el pago de deudas y costes fijos asumidos por las empresas desde marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021.

Además, el decreto aclara que, dentro de las finalidades a las que se pueden destinar las ayudas, el concepto de costes fijos incurridos incluye las pérdidas contables generadas durante el período de cobertura. Así, los autónomos y empresas podrán destinar las ayudas a satisfacer deudas y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como a compensar los costes fijos incurridos, incluidas las pérdidas contables, siempre que se hayan generado en el plazo establecido y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021 (fecha de entrada en vigor del decreto).

Estas modificaciones permitirán a las comunidades autónomas que aún dispongan de parte de los recursos asignados realizar nuevas convocatorias de ayudas en lo que resta de año. “El objetivo es maximizar el efecto dinamizador de las ayudas, para que lleguen a todas las empresas de todos los ámbitos geográficos que lo necesiten, contribuir a reducir el sobreendeudamiento de las empresas y reforzar sus balances, consolidando la recuperación económica”, destacó el ministerio que dirige Nadia Calviño.

La ampliación del plazo de cobertura sigue a la extensión del ámbito de actuación que se aprobó en abril de 2021 y que permitió a las comunidades autónomas incluir sectores adicionales y permitir el acceso a empresas que, por circunstancias excepcionales, hubieran registrado pérdidas en 2019. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que “no todas las autonomías han reaccionado del mismo modo” una vez que se aprobaron las ayudas por importe de 7.000 millones de euros, y mientras “Canarias o Baleares han sido muy ágiles, otras han encontrado algunos problemas de gestión” y han concedido menores cuantías. “La voluntad del Gobierno es que efectivamente estas ayudas lleguen a aquellas que las precisan”, destacó.