El Consejo de Ministros ha sido “de contenido muy económico”, según ha recalcado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tras la cita semanal del Gobierno. El Ejecutivo, en concreto, ha aprobado por un lado el proyecto de la Ley Crea y Crece, que tiene como objetivo “impulsar la creación y el crecimiento empresarial”. Por otro, ha dado luz verde a la ley audiovisual, que incluye una cuota del 6% de contenido en catalán, euskera y gallego en plataformas audiovisuales con su sede en España.

Entre las medidas de mayor calado, la Ley Crea y Crece reduce el coste económico que conlleva fundar una empresa, reduciendo a un euro el capital necesario para ello, a día de hoy fijado en los 3.000 euros. “Esta medida permite a España alinearse con gran parte de los países de nuestro entorno en los que no se requiere un capital mínimo, favoreciendo de esta forma el emprendimiento”, ha ensalzado la responsable económica del Gobierno. A la par, se implementará un proceso para que la empresa pueda estar creada de forma telemática en un plazo máximo de 10 días a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE).

La normativa también “lucha contra la morosidad comercial” vetando el acceso a subvenciones públicas a aquellas empresas que incumplan la ley de pago a proveedores. Las organizaciones morosas, de esta forma, tendrán la puerta cerrada a las ayudas provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que bebe directamente de los fondos europeos asignados para España. A día de hoy, este plazo legal de pago asciende a los 60 días después de la fecha de la recepción de mercancías o prestación de los servicios, un desembolso que no puede ser prorrogado ni, aunque así lo dispongan las dos partes afectadas.

Los principales afectados por las demoras y los atrasos en España son las pymes y los autónomos. Por eso, la ley se ha propuesto incidir en la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, uno de los grandes problemas del tejido empresarial del país.

Otro de los puntos que tocará la ley es el “refuerzo de la normativa de contratación pública para garantizar que los adjudicatarios abonen en tiempo el precio pactado con los subcontratistas”. Así, y mediante la creación de un Observatorio de Morosidad Nacional, se vigilará y monitorizará la evolución de los datos de pago y “la promoción de buenas prácticas en este ámbito”.

La norma incorpora a su vez medidas para mejorar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativos a la financiación bancaria, como el crowdfunding o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo. En el ámbito del crowdfunding, la norma adapta la regulación nacional a la normativa europea, introduciendo más flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa. Además, se refuerza la protección de los inversores y se permite la creación de vehículos para agrupar a los inversores y así reducir costes de gestión. Para ampliar el universo de proyectos empresariales elegibles se elevan los umbrales de los importes permitidos por proyecto financiado y por inversor.