Empiezan los trámites para los presupuestos del Estado para el año que viene. El Gobierno prevé aprobar este martes en el límite de gasto no financiero de 2023, conocido como 'techo de gasto', con el que da el pistoletazo de salida a la elaboración a las cuentas del próximo año. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha confirmado en una entrevista en 'Al Rojo Vivo' que la intención es que el techo de gasto vaya en el consejo de ministros de este martes. En julio del año pasado, el Ejecutivo aprobó el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2022, que se aumentó ligeramente hasta los 196.142 millones de euros, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad Social y parte de los fondos europeos.

En un contexto marcado por la escalada inflacionista y la incertidumbre generada por la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia, el Ejecutivo tiene el reto de dar 'luz verde' a un nuevo techo de gasto, teniendo en cuenta que lleva dos años batiendo cifras récord. Este paso es el punto de partida del camino hacia la aprobación de las últimas cuentas públicas de esta legislatura del Gobierno de coalición, que tienen como objetivo consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo, pero teniendo en cuenta el complejo panorama económico actual.

El último cuadro macroeconómico del Gobierno establece un crecimiento económico para 2022 del 4,3%, con la previsión de que la recuperación de los niveles prepandemia llegará en el primer trimestre de 2023. No obstante, el alza de la inflación, que se prevé que continúe en niveles elevados todo el verano, ya está presionando las cuentas de hogares y empresas. Según los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios de consumo (IPC) subió un 1,9% en junio en relación al mes anterior y disparó su tasa interanual hasta el 10,2%, su nivel más alto desde abril de 1985.

Pese a que el Ejecutivo sostenía hace unos meses que el repunte inflacionista sería "transitorio", los datos muestran que esa escalada no ha cesado, incluso con las medidas adoptadas por el Gobierno para hacerle frente. Eso sí, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que, sin las medidas económicas aprobadas, la inflación sería del 15%.

Pero en un contexto de tanta incertidumbre, el presidente del Ejecutivo ya ha advertido a los españoles de que se preparen para cualquier escenario en los próximos meses, recalcando que seguirá "articulando medidas" para amortiguar los efectos de la guerra.

En junio, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden del ministerio de Hacienda y Función Pública en la que se establecen las normas para la elaboración de las cuentas públicas del próximo año. En la orden, firmada por la titular de Hacienda, María Jesús Montero, se subraya que la economía española afronta esta situación de incertidumbre global desde una posición "sólida", con un patrón de recuperación muy distinto al de crisis anteriores y con unos fundamentos "más robustos", con un nivel de empleo récord desde 2008 y un aumento considerable de los contratos fijos como consecuencia de la reforma laboral.

La orden de elaboración de los Presupuestos también tiene en cuenta la decisión de la Comisión Europea de extender a 2023 la cláusula de salvaguarda del pacto de estabilidad y crecimiento, lo que en la práctica implica que las reglas fiscales seguirán suspendidas durante el próximo ejercicio.

El Gobierno, al igual que el año pasado, solicitará al Congreso de los Diputados que vuelva a certificar que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifica la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y legitime así la decisión del Ejecutivo, como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En todo caso, Hacienda recuerda que la responsabilidad fiscal de España "se mantiene y está recogida en el último Programa de Estabilidad enviado a Bruselas", donde se incorpora una senda a medio plazo que permitirá reducir el déficit por debajo del 3% del PIB en 2025 y situar el nivel de deuda pública por debajo del 110% del PIB para ese mismo año.

En cuanto a los criterios que seguirá el Gobierno para asignar los recursos de los PGE, la orden da prioridad a aquellos que permitan continuar impulsando el proceso de transformación estructural de la economía, avanzando hacia un país "más verde, más digital, más cohesionado desde el punto de vista social y territorial y más igualitario".