El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital de Justicia que promoverá la digitalización en juzgados y tribunales de todo el país, y permitirá a los ciudadanos consultar sus trámites judiciales y realizar gestiones electrónicamente en todo el territorio. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Justicia, Pilar Llop, ha dicho que con esta norma se salda “una deuda con la Administración de Justicia” porque la modernización y la transformación digital la estaban pidiendo “desde hace muchos años los profesionales y la ciudadanía”.

Además, hay que aprovechar la “oportunidad extraordinaria” de contar con los fondos de recuperación europeos para financiar la transformación digital del sector, de forma que el Ministerio transferirá 410 millones a las comunidades autónomas. La ministra ha subrayado que la ley pone el foco en la ciudadanía y establece la obligación de las administraciones de garantizar la prestación de un servicio público de Justicia por medios digitales en todo el Estado. De esta forma, la norma, que permitirá a los ciudadanos consultar sus trámites judiciales y realizar gestiones electrónicamente, establece el marco jurídico para facilitar la digitalización en el ámbito de la Administración de Justicia.

Además, se implantará en todos los juzgados y tribunales de las comunidades autónomas el expediente judicial electrónico y se facilitará también la prestación de los servicios notariales y registrales sin necesidad de presencia física. La iniciativa introduce algunas de las reivindicaciones de los operadores jurídicos como son el derecho a la desconexión digital para favorecer la conciliación familiar y laboral; la cita previa; el trabajo deslocalizado; o la reducción o eliminación de brechas geográficas, económicas, sociales, de discapacidad, de género, formativas o incluso propiamente digitales.

Asimismo, hará estructurales medidas como la celebración de vistas y actos procesales telemáticos, que se implantaron durante la pandemia, pero que después se han consolidado. “Los más de 590.000 juicios telemáticos celebrados durante la pandemia han supuesto un ahorro estimado en desplazamientos de más de 12 millones de euros y han evitado la emisión de más de 5.850 toneladas de CO2”, ha detallado la titular de Justicia.