El plan presupuestario será aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves, incluirá 25.000 millones de euros en ayudas europeas y fijará un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, según ha revelado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El diseño de las cuentas públicas para el año 2022 ha estado dirigido por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, del lado socialista, y por el secretario de Estado de Derechos Sociales, y responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez.

El plan lleva ya varios días definido en sus grandes términos e incluso ha habido importantes avances en el sondeo de apoyos al resto de fuerzas parlamentarias, entre las que el Gobierno de coalición, en minoría parlamentaria, confía en sumar apoyos suficientes como para aprobarlo. Dos asuntos, sin embargo, han bloqueado el acuerdo interno del Ejecutivo hasta la fecha: las pretensiones de Podemos sobre el alcance de las políticas en materia tributaria y de derecho a la vivienda.

En el primero de los casos, el principal pulso de la formación morada ha estado centrado en acelerar la puesta en marcha de un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15%, que formaba parte del acuerdo de coalición, pero cuya aprobación fue pospuesta al estallar la pandemia. Aunque el ala socialista del Ejecutivo abogaba por esperar a conocer el informe del comité de expertos para la reforma fiscal, que será emitido el próximo febrero con el objetivo de facilitar el diseño de un gran paquete de cambios tributarios de cara a 2023, Podemos venía defendiendo impulsar ya esta modificación de Sociedades.

Después de todo, argumentan, el Gobierno español ha secundado el pacto internacional de la OCDE para implantar un modelo tributario global para grandes multinacionales que pasa, precisamente, por imponer un tipo mínimo internacional del 15% y un reparto de los ingresos tributarios entre todos los países en que estas compañías operen, aunque no tengan sede.

Las partes parecían haber desbloqueado el pacto presupuestario hace unos días, cuando la propia vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, admitió la posibilidad de impulsar ya el tipo mínimo en sociedades sin poner en riesgo la recuperación económica.