El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto y el real decreto ley que recogen las normas para movilizar un total de 5.520 millones de euros de los fondos europeos destinados a la rehabilitación del parque residencial español, uno de los pilares del Plan de Recuperación, y a la construcción de vivienda para el alquiler asequible. Para la rehabilitación se destinan un total de 3.420 millones, a los que se suman 1.000 millones para construir unas 20.000 viviendas destinadas al alquiler social y 1.100 millones en avales ICO para incentivar las intervenciones.

A grandes rasgos, los 3.420 millones se distribuyen en tres líneas de actuación. La más importante es la que atañe a la rehabilitación a nivel de edificio, sustentada por 1.994 millones de euros (casi el 60% del montante). El 86% de esta partida irá a la renovación de la eficiencia energética de los inmuebles existentes. Otra línea importante, aunque menor en cuantía, es la relativa a la rehabilitación a nivel barrio, prevista de 976 millones de euros, el 28,5% del fondo. La última línea, con 450 millones (el 13,5%), costeará los incentivos fiscales establecidos a través de deducciones en el IRPF a los que podrán acogerse los propietarios particulares que lleven a cabo diferentes intervenciones, como el cambio de ventanas por unas de altas prestaciones.

La cobertura de los gastos que correrá a cargo de los fondos dependerá también del tipo de intervención. Así, el Gobierno prevé subvencionar hasta el 100% de las rehabilitaciones de edificios y regeneración urbana a nivel de barrio completo, con una contribución media del 80% por intervención según las estimaciones. Para edificios individuales, el Ejecutivo contempla ayudas directas modulables entre el 40% y el 100% de la obra cuando se mejoren las fachadas y cubiertas o se instalen calderas o paneles fotovoltaicos. Todo dependerá del grado de eficiencia energética que se logre con las actuaciones.

Para las viviendas individuales (epígrafe donde se incluyen las unifamiliares), el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana subvencionará hasta un 30% de actuaciones como la sustitución de las ventanas por unas de altas prestaciones que reduzcan el consumo. En el apartado de las bonificaciones fiscales, con cargo al fondo de 450 millones, habrá una deducción del 20% para quienes reduzcan al menos un 7% de la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda. A su vez, habrá una deducción mayor, del 40%, para los propietarios que rebajen hasta un 30% el consumo de energía primaria no renovable, acreditable a través del certificado de eficiencia energética.

En segunda instancia, el Ejecutivo establece una deducción del 60% por obras de rehabilitación para edificios enteros, condicionadas a una reducción del consumo de energía primaria no renovable de un 30% como mínimo, o bien, a la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase energética «A» o «B».

El Gobierno también ha diseñado un sistema de avales, con cargo al Instituto de Crédito Oficial (ICO), previsto con 1.100 millones de euros de los que podrán beneficiarse las comunidades de vecinos que afronten las intervenciones para mejorar la eficiencia energética de los inmuebles. El Ejecutivo, además, como ya adelantó este diario, planea cambios normativos para fortalecer la seguridad jurídica de las comunidades que quieran pedir financiación con la que acometer estas obras. El objetivo es reforzar la seguridad jurídica de las comunidades, que actualmente carecen de estatus propio, para facilitar su acceso al crédito, un trámite que a día de hoy resulta engorroso y que dificulta que el préstamo llegue a concederse.