La Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado un recurso de una mujer casada por el rito gitano contra una sentencia del Supremo que le denegó la pensión de viudedad tras fallecer la persona con la que convivía, con quien contrajo matrimonio bajo el rito gitano. En la misma recoge que en la decisión no se le ha vulnerado su derecho a no ser discriminatoria por razón de raza o etnia al negarle la pensión porque «la unión celebrada conforme a los usos y costumbres gitanos no ha sido reconocida por el legislador como una de las formas válidas para contraer matrimonio con efectos de validez civil».

Es decir, avala que se le deniegue la pensión por ser un matrimonio por un rito no reconocido oficialmente como unión civil. Denegar la pensión no implica pues una discriminación directa basada en motivos sociales o étnicos al no haber equiparado la unión de la demandante con las uniones de hecho debida y legalmente formalizadas. El caso se remonta al 2014, cuando la recurrente demandó a la Seguridad Social por negársele la pensión tras fallecer la persona con la que llevaba conviviendo al menos 15 años, con la que estaba casada por el rito gitano. La unión no constaba inscrita como pareja de hecho y los cinco hijos que tuvieron aparecen inscritos en el libro de familia como de padres solteros.

En el inicio del recorrido judicial, un Juzgado Social de Jaén desestimó la demanda por no haberse constituido formalmente el vínculo como pareja de hecho con el causante al menos dos años antes del fallecimiento, como establece la ley. La sentencia se recurrió en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que dio la razón a la viuda y le reconoció la pensión, ya que los años de convivencia y los hijos nacidos daban una muestra de la buena fe respecto de la validez y eficacia de su matrimonio contraído bajo el rito gitano.