El Tribunal Constitucional (TC) ha informado este miércoles de que ha desestimado el recurso de la Generalitat contra el decreto que regula el Ingreso Mínimo Vital (IMV), al considerar que es competencia estatal. De esta forma, el alto tribunal ha puesto freno a las pretensiones de Cataluña de que se le transfiera esta ayuda (que oscila entre los 462 y los 1.015 euros por hogar) que se puso en marcha el año pasado, y por la que otros gobiernos regionales también han mostrado interés en gestionar.

El Constitucional estimó que dentro de las competencias del Estado entra “la fijación de los requisitos, alcance y régimen jurídico de las prestaciones de Seguridad Social”. “En este sentido, también entra dentro del concepto de legislación básica la determinación de su modelo de gestión, lo que garantiza que el acceso a tales prestaciones y su disfrute por parte de los ciudadanos se produzca de forma igualitaria y homogénea en todo el territorio nacional”, añadió el Tribunal Constitucional.

Esta sentencia se produce en medio de las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para los que el PNV ha pedido que se le transfiera la gestión del IMV al gobierno vasco a cambio de dar su apoyo a las cuentas. En este sentido, el Ejecutivo se ha comprometido con la administración vasca a presentar una propuesta en octubre para hacer efectiva la transferencia.

La comunidad foral de Navarra (donde gobierna el PSOE) también ha pedido que se le traspase la gestión de esta ayuda, que tras su primer año de implementación da cobertura a más de 260.000 hogares en toda España, en los que viven 682.808 personas, aproximadamente un 1,45% de la población española. La mayor parte de las titulares (el 68%) y de las beneficiarias (el 55,6%) de esta prestación son mujeres.

A su vez, en el Principado Asturias, el Partido Popular pidió al gobierno regional que solicite la transferencia de esta ayuda en los mismos términos que Navarra y País Vasco. La diputada popular de la junta regional Reyes Fernández Hurlé, quien fue la responsable de defender la iniciativa, ha remarcado que hay casi 11.000 familias asturianas a la espera de que se resuelva su solicitud y otras 11.500 a las se les ha denegado la concesión de la ayuda. “Ha quedado patente que el INSS [Instituto Nacional de la Seguridad Social], organismo al que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones encargó esta gestión, no ha hecho los deberes con Asturias”.