El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc) ha hecho llegar a la Generalitat una serie de propuestas para paliar los efectos de la situación sanitaria en el trabajo autónomo, de las que destaca, en materia de Seguridad Social, la solicitud una tarifa plana para aquellos autónomos con una caída de ingresos igual o superior al 50% interanual en el primer trimestre de 2021. La medida debería aplicarse a partir del 1 de febrero de 2021, según el organismo consultivo que configuran sindicatos, patronales y entidades socio-económicas de Cataluña.

En su informe, el Ctesc insta a la Generalitat a elaborar y dotar presupuestariamente un plan de actuaciones para los trabajadores autónomos, con horizonte 2021-2022. Ve necesaria la suspensión temporal de la presentación del IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades hasta abril, avanzar el plazo de retorno del IVA, establecer una moratoria de seis meses sin intereses por el pago de dichos impuestos y reducir el IVA cultural al tipo mínimo establecido del 0% o del 4% en el turismo.

En materia fiscal, urge a reducir el 50% de todas las tasas e impuestos municipales, vincularlos a la actividad económica real y establecer deducciones de inversiones y gastos relacionados con el Covid-19 en el tramo autonómico del IRPF.

Sindicatos, patronales y entidades aglutinadas en el Ctesc advierten de que, dado el contexto actual y la progresión de la pandemia, que obliga a nuevas restricciones de movilidad, se inicia un período incierto en cuanto a la demanda y la evolución de los negocios, que se sumará a la finalización de ayudas puestas en marcha y, en algunos casos, la obligación de la devolución de créditos.

Por ello, reclama medidas para facilitar la adaptación de los locales, instalaciones y espacios de trabajo a los requerimientos de seguridad e higiene, como deducciones en el tramo autonómico del IRPF o microcréditos con un aval del 100%. En concreto, pide ayudas directas para autónomos que haya sufrido una contracción significativa de su actividad, hasta la cobertura mínima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y ampliar las líneas ICO hasta el 1 de abril de 2021.

Recomienda facilitar el retorno de las líneas de financiación otorgadas y prorrogar el periodo de carencia de los ICO hasta a 18 meses y el periodo de retorno del capital de cinco a seis años, y complementar a través de la Administración catalana, el 20% no avalado por el Estado en los ICO para autónomos y micropymes siempre que el importe no supere los 25.000 euros.

Las propuestas abarcan también aspectos más sociales: solicitan que se equiparen los períodos de cuidados de hijos afectados por el virus a la incapacidad temporal por contingencias profesionales, y que sea reconocida esta situación como accidente de trabajo. También propone crear un bonus baby sitter para autónomos con personas a su cargo -niños y personas dependientes- en función de los ingresos de la unidad familiar.