Tras el controvertido pacto para elegir a cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, aunque ni el PSOE ni el PP hablan de avances en unas negociaciones que se mantienen de forma discreta. Fuentes socialistas y de los populares insisten en desvincular la renovación del Constitucional y del CGPJ y guardan mutismo sobre los nombres que barajan para un órgano que en diciembre cumple tres años en funciones y es el último pendiente de renovación.

El pálpito en el CGPJ es que el acuerdo puede cerrarse próximamente, incluso este mismo mes, aunque las fuentes consultadas señalan que no tienen información concreta sobre las conversaciones. Tras la polémica que ha rodeado el nombramiento como magistrado del Constitucional de Enrique Arnaldo por su proximidad al PP y su aparición en dos sumarios de casos de corrupción, es previsible que cada candidato para el CGPJ sea analizado con lupa. Fuentes socialistas insisten en que la Constitución obliga a renovar el órgano de gobierno de los jueces y confían en poder tener un acuerdo antes de fin de año.

Un plazo lógico, porque 2022 es, de nuevo, año electoral. Las urnas se abrirán en primer lugar en Andalucía y en la primavera de 2023 habrá elecciones locales y autonómicas. Y es habitual que en un contexto de competición electoral los partidos endurezcan sus posiciones y la posibilidad de un pacto se aleje. Desde el PP apuntan que no hay novedades ni avances en las conversaciones. Que la negociación está “en punto muerto”. Y recalcan que sus condiciones para un acuerdo son “inamovibles”. La principal, que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para que en el próximo proceso de renovación del Consejo los jueces elijan directamente a doce de los veinte vocales, los de extracción judicial. Una posición que este viernes ha reiterado Pablo Casado desde La Palma.

Casado ha advertido de que “entre otras cuestiones” Bruselas ha dicho a Polonia “que su órgano de los jueces lo tienen que elegir de forma mayoritaria los jueces, y eso está poniendo en juego los fondos europeos”. Sobre Arnaldo, ha dicho no entender “la posición de algunos partidos minoritarios” y les ha acusado de querer “confundir a la opinión pública”; además, ha señalado que el problema de las instituciones no es el Constitucional, sino quienes pactan con Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu. Más allá del debate sobre los nombres, que hizo descabalgar un posible acuerdo el pasado mes de febrero, ante el rechazo del PP al juez José Ricardo de Prada, la reforma legislativa es ahora el principal escollo para el pacto.

Aunque Bruselas ha recomendado de forma expresa que al menos la mitad de los vocales sean elegidos por los jueces, tanto el PSOE como Podemos defienden que sea el Parlamento, sede de la soberanía popular, quien elija a los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Destacan que el propio Tribunal Constitucional avaló el modelo y recuerdan que los doce vocales jueces son elegidos a partir de una lista de candidatos que envían al Parlamento los propios profesionales de la carrera judicial.