La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha logrado sacar adelante en el Congreso la convalidación del polémico Real Decreto Ley (RDL) que, entre otras medidas, recorta los ingresos de las grandes eléctricas, y que fue aprobado por el Consejo de Ministros hace un mes. La norma ha salido adelante con el voto en contra del PP, VOX, C’s, UPN y Foro Asturias, la abstención de PNV y PDeCAT, y el respaldo del resto de formaciones políticas. En el debate celebrado esta mañana en el Pleno del Congreso, y cuyas votaciones se han celebrado esta tarde, la vicepresidenta ha reconocido por primera vez que la suavizará a las eléctricas que suministren energía a las industrias “a precios razonables”.

Concretamente, ha señalado que el objetivo es no aplicar este recorte a “quienes garanticen exnovo precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas”, con el fin de “impulsar la cobertura de precios razonables para la industria”. El recorte se aplica a la hidráulica, a la nuclear y a algunas renovables que van a mercado, mediante una fórmula que detrae a dicha producción los ingresos extra que reciben cuando el gas marca el precio marginal del mercado mayorista a partir de 20 euros MWh. La medida afecta esencialmente a Iberdrola, Endesa y Naturgy.

Ribera ha reconocido que “las previsiones de septiembre (cuando se aprobó este decreto ley) han quedado desfasadas”, algo que “obliga a revisar medidas adoptadas ya” y “adaptarlas”. Cuando se aprobó el RDL, el Gobierno calculó una recaudación por este concepto, que se destinará a recortar a su vez los cargos de los peajes de la factura de los consumidores domésticos, de 2.600 millones de euros en seis meses. Y lo cierto es que a partir de 100 euros/Mh del precio del gas, lo que ha ocurrido en algunas jornadas, esa cantidad se duplica.

La vicepresidenta ha anunciado su intención de “completar” este plan de choque “en las próximas semanas” con “medidas adicionales que garanticen la cobertura con contratos bilaterales y precios razonables para los consumidores industriales” y también “reforzar la posición” de aquellos consumidores vulnerables acogidos al bono social, pero no ha explicado cómo. Todo apunta a que la modulación del recorte a las eléctricas hará mediante una enmienda en algún proyecto de ley en trámite, como la homóloga de la minoración de los beneficios por el CO2, que es la que más avanzada se encuentra. Fuentes políticas aseguran que, en este punto, el Gobierno se encontrará con la oposición de su socio de Gobierno, UP, que ha sido muy beligerante en esta cuestión.

Ribera ha subrayado el carácter temporal de esta medida, hasta el próximo 31 de marzo, que el recorte es proporcional a la cotización del gas y que, en todo caso, no se aplica a aquellos casos en los que no se haya interiorizado en sus ventas de energía el sobrecoste del gas natural, ni a quien “haya garantizado precios estables antes de la escalada”.

La vicepresidenta ha explicado las causas que han provocado un encarecimiento del gas en los mercados internacionales y ha esgrimido que esta razón “no puede traducirse en un incremento de toda la electricidad”, por lo que cree que mantener el actual mercado marginalista “no es viable” ante una situación de este tipo que se prolongue en el tiempo. “Sobre todo cuando los costes reales de generación no se corresponden con el incremento de precios medios del sistema”, subrayó. Las estimaciones del Gobierno recogen que cada encarecimiento en 1 euro/MWh en el precio del gas supone en los mercados mayoristas 2 euros/MWh más, y todo ello independientemente de “cuánta energía barata” hubiera en el pool, debido al funcionamiento de este modelo.

Los partidos que han respaldado la convalidación, han rechazado la tramitación del decreto como proyecto de ley, al ser de carácter temporal, por lo que no se introducirán enmiendas. El Ministerio de Transición Ecológica ha ofrecido a los grupos en su negociación plantear cambios en otros proyectos, ya que se trata de medidas temporales y ya hay tramitándose reformas en el sistema eléctrico en la Cámara. Teresa Ribera cerró el miércoles una ronda de contactos con los ejecutivos de las grandes empresas eléctricas, quienes han reclamado que la minoración no se aplique a ningún contrato bilateral y que se garantice que solo durará seis meses. La vicepresidenta declaró ayer que en las reuniones ha pedido a las eléctricas “una implicación mucho más seria” para garantizar “precios estables y razonables” a la industria. Hoy, jueves, le ha tocado el turno a las grandes patronales industriales, como Unesid, Feique o Aspapel, y la de los grandes consumidores eléctricos, AEGE.

Junto a esta medida, el RDL incluye otras importantes, como el recorte del 5,1% al 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad, y la prolongación hasta fin de año de la suspensión del impuesto del7% a la generación eléctrica. También aumenta en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico, hasta los 2.000 millones durante este ejercicio. Todas ellas se suman a la actual reducción del IVA hasta fin de año, del 21% al 10%.

Asimismo, se limita la tarifa regulada de gas natural (TUR) con un tope de alrededor del 5% durante cada uno de los dos siguientes trimestres y se incentivan las subastas de compra de energía a largo plazo, un mercado que está sin desarrollar en España, con el fin de dotarle de mayor liquidez. Y se crea un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables con bono social para extender seis meses más la prohibición de interrumpir el servicio por impago, garantizando una potencia mínima de 3,5 kW durante ese periodo.

La última de las ocho medidas del decreto ley hace alusión a una modificación del texto refundido de Ley de aguas, que fijará nuevas variables y reservas mínimas almacenadas para evitar impactos indeseados en medio ambiente por la gestión de las centrales hidroeléctricas, al mismo tiempo que se considera el desarrollo de actividades económicas sostenibles ligadas a dinamización de los municipios.