El Congreso convalidó ayer la conocida como “ley rider” que obliga a las empresas de reparto a contratar a sus empleados. Su tramitación fue aprobada como proyecto de ley, por lo que podrá introducir cambios a través de enmiendas. Sin embargo, Vox anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad, ya que no considera justificada la urgente necesidad que se requiere para este tipo de iniciativas. A favor del decreto ley votaron el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, PNV, EH-Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, Más País-Equo, Compromís y Nueva Canarias. Por su parte, el PP, Vox, Cs, UPN y Foro Asturias votaron en contra, mientras que el BNG se abstuvo.

Pese a que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes, como cada decreto ley es necesario que el Congreso lo someta a examen para convalidarlo o, en caso de no obtener apoyos suficientes, derogarlo. Durante la sesión, en la que la bancada de Vox interrumpió en numerosas ocasiones con gritos a la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la ultraderecha pidió un estatuto específico para estos trabajadores. Juan José Aizcorbe, portavoz laboral de Vox, señaló que la regulación es “un canto de sirena”, y que fija “trabas” y “barreras” a los trabajadores. Asimismo, puso en cuestión la representatividad de los agentes sociales para acordar los cambios.

Díaz, por su parte, acusó a Vox de perpetuar “un modelo basado en la explotación” en el que “todo vale contra las personas trabajadoras” y “basado en el siglo XIX”. “No hay ningún emprendimiento en un joven que reparta en las calles, acompañado de una herramienta digital, por muy moderna que sea”, espetó.

La ministra de Trabajo recordó que la reforma planteada va en línea de la sentencia del pasado septiembre del Tribunal Supremo, pero también de otros tribunales internacionales, en cuyas sentencias, afirmó, “late el mismo concepto: que la aplicación del derecho del trabajo no es optativa”. “A nadie se le ocurriría poder escoger entre ser laboral o autónomo en una fábrica o en un comercio”, aseveró, destacando que esto “supondría la desaparición de la norma laboral con todas sus consecuencias”.