Todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados apoyan la proposición de ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que presentó Ciudadanos (Cs) y que supone la implantación de un régimen sancionador para las empresas que pagan tarde las facturas a sus proveedores. Las multas oscilarán desde los 406 a los 819.780 euros, en función de la gravedad y la reiteración de los impagos.

El periodo de enmiendas ha terminado, tras cinco meses de prórrogas en la Comisión de Economía del Congreso. Las que se han pactado son positivas para los proveedores. Las enmiendas que se han registrado, a las que ha tenido acceso EXPANSIÓN, ahondan en la idea de la norma presentada por Ciudadanos. Podemos, ERC y el PSOE han aceptado las enmiendas propuestas por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, y Ciudadanos y PDeCAT han hecho lo propio con la que sugirió CEOE -ver información adjunta-, con el visto bueno del Partido Popular y del Gobierno.

Se trata del segundo gran pacto de Estado unánime en materia económica de la legislatura, tras la Ley de Autónomos. Sin embargo, en este caso se da una circunstancia inédita: los independentistas de ERC y PDeCAT han pactado una norma española después del referéndum ilegal del 1 de octubre y, sobre todo, después de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, un día antes de que se pusieran en marcha las medidas del artículo 155 de la Constitución.

¿En qué consistirá el régimen sancionador? Se impondrán multas a las compañías que incumplan la Ley de Morosidad de manera reiterada. En España se mueve un crédito comercial rayando en los 200.000 millones de euros anuales. De esa cantidad, un 60% se abona tarde a los proveedores (en la UE la media ronda el 30%). El sector privado tarda en pagar las facturas a sus proveedores 77 días, de media, 17 por encima de lo legal, que son 60 días. Las medias aritméticas suelen ser engañosas. Los periodos medios de pago de algunas grandes compañías se disparan. El último informe sobre la morosidad de las constructoras del Ibex marcaba plazos desde 181 hasta 536 días. Es decir, de entre seis y nueve veces lo legal.

No en vano, las grandes compañías son, con mucho, las peores pagadoras. El último informe de la patronal de autónomos ATA así lo demuestra. Las compañías que tienen entre 250 y 1.000 trabajadores y las de más de 1.000 no satisfacen sus deudas con sus proveedores hasta los cuatro meses (110 días de media de espera y 114, respectivamente). Casi el doble de los 60 que estipula la ley como tope.

De ahí que el 94% de las empresas esté de acuerdo con la implantación de este régimen de multas, según un estudio de la Plataforma. Los proveedores dijeron «basta» en abril y amenazaron con echarse a las calles si no aprobaba el régimen sancionador o lo hacía con una redacción ambigua que les permitiera a las grandes empresas esquivar las multas. La amenaza no era menor, teniendo en cuenta que la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad representa a más de un millón de compañías. Entre ellas, los transportistas, que ya paralizaron el país en 2008.

Tras ese órdago, en junio todos los partidos votaron favorablemente a tramitar la norma de Cs, pero el PP anunció su intención de cambiarla de arriba a abajo. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular Susana López Ares llegó incluso a decir que esta ley «incentiva la morosidad», ya que «una factura de más de 10 millones retrasada dos años tendría una sanción de hasta el 8%, mientras que una factura de una pyme de 5.000 euros retrasada 180 días se sancionaría con hasta 40.986 euros, un 820% sobre la factura». Ahora el PP, que se había quedado solo en su idea de cambiar las multas por penalizaciones fiscales, acepta que se impongan las sanciones. Incluso ha incluido enmiendas sobre ello.