Los empresarios, en claro rechazo al acuerdo bilateral sobre pensiones entre el Gobierno y los sindicatos, han propuesto este lunes aumentar la edad de jubilación hasta los 70 años e implantar un sistema de cuentas nocionales, un modelo contributivo puro que consiste en crear una cuenta virtual para cada trabajador en la que su pensión se va calculando en función de las cotizaciones efectivas. Con estas medidas, el Círculo de Empresarios descarta por completo el incremento a las cotizaciones sociales que carga sobre las empresas 0,5 puntos porcentuales de los 0,6 que la nueva reforma contempla a fin de financiar la jubilación de los babyboomers. También elimina la revalorización de las pensiones conforme al índice de precios al consumidor (IPC), suprimido en 2013, pero recuperado en la nueva reforma de pensiones.

La propuesta de la organización contempla, igual que la nueva ley gubernamental, aumentar las penalizaciones a aquellos trabajadores que decidan adelantar su jubilación, y a su vez, subir las bonificaciones para los profesionales que decidan seguir trabajando más allá de la edad legal. En concreto, se penalizaría hasta con el 15% menos a aquellos ciudadanos que decidieran retirarse entre los 68 y 70 años y se incrementaría la pensión hasta un 20% para quienes se jubilaran entre los 70 y 72 años. Todo esto manteniendo la relación actual en la que la pensión equivale a 2,5 veces las cotizaciones.

La medida empresarial retrasa la edad legal de jubilación, que actualmente se está demorando progresivamente para alcanzar los 67 años desde 2027 y ronda hoy los 66 años y dos meses. Sin embargo, se asemejan en los porcentajes de penalización e incentivos, con un máximo gubernamental de 21% menos en caso de un adelanto de la pensión ordinaria, y hasta un 30% si se trata de una jubilación a la que se ha accedido tras un despido. El Círculo también contempla “excepciones” en el retraso de la jubilación para determinadas profesiones con alto desgaste físico, como agricultores o pescadores. En estos casos el Estado se haría cargo de sus ingresos hasta que los trabajadores alcancen la edad en que pasarían a recibir la pensión que les corresponda según su cuenta nocional.

El modelo de reparto y contribución, unido al retraso en la edad de jubilación, permitiría, según los empresarios, “asegurar la sostenibilidad del sistema tras un necesario período de transición”. Se trata, en suma, de la “única forma de hacer frente a un sistema de pensiones desequilibrado e incapaz de mantener las actuales prestaciones”.

En paralelo habría que promover el ahorro privado, como los planes de empresa y planes de ahorro individual, hipotecas inversas y venta de la nuda propiedad, a través de incentivos fiscales y otras medidas de apoyo. En ese sentido el modelo de la “mochila austríaca”, contribuiría, según el Círculo, a aumentar la cuantía del ahorro para la jubilación. Se trata de una medida que ya se había incorporado en su propuesta de reforma laboral, presentada hace una semana, y que a su vez el Banco de España puso sobre la mesa en mayo de este año en un intento por reducir la brecha entre empleados fijos y temporales, y garantizar que las empresas elijan a quien despedir atendiendo a criterios de idoneidad y no al coste de despido.

En este aspecto también hay un punto de concordancia con el Gobierno: el fomento del ahorro privado como alternativa para reducir la presión que existe sobre el sistema público de pensiones. Sin embargo, a diferencia de los empresarios, que no hacen distinción entre los planes individuales y los empresariales, las autoridades sí que apuestan por fomentar el ahorro a través de programas colectivos. No en vano se endureció la fiscalidad de los planes personales en enero de este año.

Pese a las pequeñas similitudes, la propuesta empresarial demuestra el poco consenso alcanzado en la actual reforma, que, según el presidente de la organización, Manuel Pérez-Sala, antepone al interés general de los españoles sus réditos electorales. El Círculo considera que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) pactado con los sindicatos, no va a mejorar ni la sostenibilidad ni la equidad del sistema. Por el contrario, supondrá una barrera a la recuperación económica y a la creación de empleo. Lógica similar se aplica en la revalorización de las pensiones con el IPC y la supresión del factor de sostenibilidad, que, según el Banco de España, aumentaría el déficit público en 4 puntos del PIB para 2050. A ello se suma la advertencia hecha por la Autoridad Independiente de Responsabilidad (AIReF), según la cual se llevaría la deuda pública a niveles superiores al 160% del PIB.