El pleno del Senado ha aprobado de forma definitiva la reforma legal impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no pueda realizar más nombramientos mientras esté en funciones, situación en la que se encuentra desde diciembre de 2018. Dos años y casi cuatro meses en los que el PSOE y el PP han sido incapaces de cerrar un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces, con el mandato caducado al igual que ocurre con cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

Tras aparcar la proposición de ley que registraron para rebajar las mayorías exigidas para elegir a los vocales del CGPJ, iniciativa que suscitó incluso los recelos de las instituciones europeas, los grupos de la coalición de Gobierno impulsaron el recorte de competencias el CGPJ en funciones para presionar al PP a sentarse a negociar. Pero tras varios intentos fallidos, la última negociación saltó por los aires a finales de febrero ante el veto del PP a que entrara en el CGPJ el juez José Ricardo de Prada, que formó parte del tribunal del caso Gürtel y al que los populares consideran candidato de Podemos.

El acuerdo, con elecciones autonómicas en Madrid en mayo, no se ve cercano, y, hasta que no lo haya, el CGPJ no podrá realizar nuevos nombramientos para cubrir puestos vacantes de magistrado en el Supremo o presidencias en tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales. Hasta esta semana el actual Consejo ha aprobado en funciones 78 nombramientos y tenía varios en cartera, pero mañana se reunirá el pleno sin incluir ese punto en la agenda.

Tras un debate de claro tinte electoral en el que PSOE y el PP se han acusado mutuamente de querer controlar al Poder Judicial, recordando unos la condena del caso Gürtel y otros la de los ERE, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha quedado aprobada con 150 votos a favor, 108 en contra y 3 abstenciones.