El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado de que los nombramientos pendientes por la renovación del órgano de gobierno de los jueces -que no puede hacer designaciones al estar en funciones- asciende ya a los 48, pudiendo alcanzar los 57 de aquí a finales de 2021. Según ha informado el CGPJ, del total de vacantes 42 se corresponden con la jurisdicción ordinaria y 6 con la militar. Estos datos, contenidos en un informe del que ha dado cuenta el presidente del órgano y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, también revelan que esa cifra ascenderá en nueve magistrados si la situación de bloqueo no se revierte.

A esto se suma además la proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos el pasado mes de marzo, que impide que el CGPJ pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial cuando haya expirado su mandato, lo que imposibilita en la actualidad que esas vacantes puedan ser ahora cubiertas. Doce de las mismas corresponderán al Tribunal Supremo, cuya Sala de Gobierno aprobó la semana pasada un informe en el que, como señalan desde el CGPJ, se explicaba que la situación, de prolongarse, será “insostenible” y que “va a implicar” que se dicten “aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas”.

Esta situación supondría además un “alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo” y un retraso enorme de “las decisiones de inadmisión que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año”. En la jurisdicción militar, por su parte, están sometidos a nombramiento discrecional los cargos de Auditores Presidentes y Vocales Togados del Tribunal Militar Central y de los Tribunales Militares Territoriales y de Jueces Togados de los Juzgados Togados Militares Territoriales.

Precisamente este mismo miércoles el CGPJ ha acordado asumir con carácter extraordinario las competencias de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central ante la “imposibilidad de nombrar un nuevo titular” cuando el órgano de gobierno de los jueces “está en funciones”. La Comisión Permanente ha aprobado el acuerdo de avocación de competencias después de que el auditor presidente, Carlos Melón Muñoz, pasase a la situación administrativa de reserva.

Los nombramientos pendientes a día de hoy vienen provocados por distintos factores, de entre los que destaca la jubilación, las excedencias voluntarias, el fin del mandato o, en última instancia, el fallecimiento del magistrado. En algunos casos, también se da la circunstancia de que el cargo ha sido nombrado para otro puesto o se encuentra destinado en servicios especiales.

En el caso del Tribunal Supremo, por ejemplo, del total de 11 vacantes destacan seis jubilaciones, tres fallecimientos, una excedencia y la salida de una magistrada, Lourdes Arastey, después de ser nombrada juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por su parte, los Tribunales Superiores de Justicia registran un total de 18 vacantes, en su mayoría por el fin del mandato de los jueces. Lo mismo ocurre con las Audiencias Provinciales, en el que destaca el caso de Ignacio Subijana, que el pasado mes de marzo fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Y de entre las nueve vacantes que llegarán antes de finalizar el 2021 destaca el caso de Concepción Espejel, hasta ahora presidenta de la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional. La jueza es una de las elegidas en el acuerdo alcanzado el pasado jueves entre el PSOE y el PP para la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.