La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, avanzó este jueves, durante la presentación de las cuentas públicas que gestionará su departamento el año que viene, que los jóvenes ya emancipados, y no únicamente los que busquen salir de su vivienda de origen por vez primera, podrán beneficiarse también de estas ayudas. Además, podrá darse el caso de que en un mismo hogar o unidad familiar opte a esta subvención más de una persona. La ministra, de esta forma, despejó dos de las incógnitas que esta nueva medida había despertado, si bien, reconocieron fuentes de su departamento, aún quedan algunos detalles por pulir.

De entrada, los solicitantes del bono deberán cumplir una serie de requisitos para poder acceder a las subvenciones, recordó Sánchez. Así, la ayuda de 250 euros mensuales estará disponible únicamente para personas de entre 18 y 35 años que tengan unas rentas por ejercicio por debajo de los 23.725 euros, tres veces el IPREM (el indicador público de renta de efectos múltiples). Este bono anual de 3.000 euros se podrá recibir durante dos años, y en el caso de los hogares vulnerables podrá contar con un añadido de hasta el 40% de su valor. Los jóvenes, a su vez, tendrán que tener un contrato laboral en vigor.

Quedan por conocerse sin embargo varios detalles del mecanismo, cuyo diseño continúa debatiéndose. Así, falta por confirmar si todas las tipologías de contratos de trabajo servirán a la hora de solicitar las subvenciones, si las cuantías de las ayudas serán similares en mercados del alquiler con precios muy diferentes entre sí o si, por ejemplo, en el caso de dos compañeros de piso que cumplan los requisitos establecidos, el bono se dividirá para que cada miembro reciba la mitad de la cuantía.

Según cálculos del ministerio, cerca de 70.000 personas se podrán beneficiar de este bono joven, que entraría en vigor el 1 de enero de 2022 (una vez que se aprueben los PGE). Esa cifra de personas se podría incrementar hasta los 100.000 jóvenes si se incluyen las ayudas a través del plan estatal de vivienda, añadió la ministra.

La ministra también marcó en el calendario la fecha en la que previsiblemente el Gobierno aprobará la futura ley estatal de vivienda que permite a las autonomías y ayuntamientos limitar los precios del alquiler o gravar los inmuebles vacíos: “Calculo que el 26 de octubre podremos llevarla [al Congreso]. Hace falta perfilar cuestiones, pero ese es nuestro objetivo”. La norma, consensuada la pasada semana entre PSOE y Unidas Podemos tras meses de desencuentros, está a falta de la letra pequeña y varios detalles técnicos y jurídicos, explicaron fuentes del ministerio de Sánchez. Previsiblemente, se tramitará en el Congreso y el Senado a lo largo de 2022.

Fuentes del antiguo Fomento, por su parte, confirmaron que el ministerio mantiene el objetivo de nutrir el mercado del alquiler asequible en España con 100.000 inmuebles. La cifra, que multiplica por cinco el objetivo inicial del Ejecutivo, es el resultado de sumar los inmuebles del Plan 20.000 con la movilización proveniente de la Sareb y el sector bancario, por un lado, y la de los grandes propietarios y fondos con los que negocia el Gobierno, por otro.

Según los cálculos del equipo de Sánchez, el parque de vivienda social público rondará las 44.000 viviendas, mientras que unas 56.000 procederán de la colaboración público-privada para la creación de un fondo social.

El alza de los recursos para el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), del 15% respecto a las cuentas públicas de 2021, será mucho mayor en el caso de la vivienda. El sector residencial en todas sus dimensiones, explicó Sánchez, pasará de estar dotado con 2.245 millones de euros a recibir 3.290 millones, una cuantía que, además, multiplica por siete la cifra prevista en las cuentas públicas de 2018, que se replicaron en 2019 y 2020. Es, recordó Sánchez, un alza del 46% respecto a 2021 que se debe, en buena parte, al impulso de los fondos europeos.