El Instrumento para la Protección de la Transmisión (Transmission Protection Instrument, TPI) servirá para cumplir con mayor eficacia el mandato del Consejo de Gobierno de estabilidad de los precios. La herramienta, que complementa los programas ya existentes -programa de compras antipandemia PEPP y el programa de compra de activos APP-, podrá activarse para "contrarrestar dinámicas de mercado desordenadas e injustificadas que representan una seria amenaza para la transmisión de la política monetaria en toda la zona del euro", explica el BCE. Con todo, la institución seguirá utilizando la reinversión de los vencimientos del PEPP como la principal "línea de defensa" para contrarrestar el alza de las rentabilidades de la deuda soberana.

Bajo el paraguas del TPI, que deberá ser activado por unanimidad por los miembros del consejo de gobierno, el BCE podrá comprar deuda tanto pública como corporativa en el mercado secundario con vencimientos de uno a 10 años. Las adquisiciones no estarán limitadas y su tamaño dependerá de la gravedad de los riesgos que enfrenta la transmisión de la política monetaria.

El Consejo de Gobierno del BCE tendrá en cuenta cuatro criterios a la hora de evaluar si un estado es apto para activar este programa. En primer lugar, el país miembro deberá cumplir con las normas fiscales de la UE y no estar sujeto a un procedimiento de déficit excesivo, o no haber tomado medidas tras una recomendación por parte de la Comisión Europea.

En segundo lugar, deberá mostrar una ausencia de desequilibrios macro severos, que implica no estar sujeto a un procedimiento de desequilibrio excesivo o no ser evaluado como que no tomó la acción correctiva tras las recomendaciones del Consejo de la UE. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento sienta las bases de las reglas fiscales al establecer límites del 3% sobre el PIB al déficit público y del 60% del PIB en el caso de la deuda. Cuando un país miembro sobrepasa esas fronteras, por regla general, recibe un apercibimiento de Bruselas, que puede traducirse en un procedimiento de desequilibrio excesivo si el desvío y el riesgo es demasiado elevado. Cabe recordar que las reglas fiscales se encuentran actualmente congeladas y que la suspensión temporal se mantendrá durante todo el año 2023. El objetivo de la Comisión y de algunos países como España es revisarlas para que los límites se personalicen y adapten a cada socio.

El BCE establece como tercer criterio la sostenibilidad de su deuda, para lo que se tendrán en cuenta los análisis de sostenibilidad realizados por la Comisión Europea, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones, junto con el estudio interno del BCE. Estos planes de consolidación fiscal suelen comprometer una senda sostenida y creíble de reducción del déficit y la deuda pública, con un control especial del gasto y una fiscalización mayor de los ingresos.

En España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) lleva meses reclamando al Ejecutivo un plan de consolidación a partir de 2025 ante el riesgo de que la deuda se dispare una vez que el crecimiento del PIB pierda fuelle. El cuarto y último criterio a tener en cuenta es que el país candidato a recibir el salvavidas disponga de políticas macro sólidas y sostenibles. Esto implicará el cumplimiento de los compromisos de reformas e inversiones presentados en los planes de recuperación remitidos Bruselas y de las recomendaciones específicas por país de la Comisión Europea en el ámbito fiscal.

La nueva herramienta, que no tendrá límites, podrá activarse si se cumplen las circunstancias específicas para todos los países miembros de la zona euro siempre y cuando el consejo de gobierno del BCE determine que el país es elegible.

Una vez activado el TPI, las compras serán canceladas en el momento que se garantice la transmisión de la política monetaria, o que las tensiones que sufre el mercado de deuda se deban a los fundamentales del país, y no al proceso de normalización.