El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a defender ayer reiteradamente la participación de “todo el Gobierno” en los trabajos para negociar la reforma laboral, lo que supuso nuevamente respaldar el papel de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, cuyas consideraciones fueron recibidas como una “injerencia” por parte de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El compromiso del líder del Ejecutivo cobró ayer especial importancia porque se produjo en presencia del comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, de visita en Madrid.

Así, durante la clausura del seminario Monitoring the recovery: beyond GDP (Siguiendo la recuperación, más allá del PIB), en el que participó el comisario europeo, Sánchez prometió que la reforma laboral –pactada con Bruselas y que deberán examinar los responsables comunitarios para liberar 10.000 millones de los fondos europeos previstos este año– se hará con el consenso del diálogo social de cara a perdurar en el tiempo. De sus palabras podría también interpretarse que el líder del Ejecutivo hizo cierto guiño a la postura de los empresarios, que ya han dicho que no respaldarán la propuesta de Díaz. Sánchez estaría invitando de nuevo a la patronal a que se sumara al pacto, para lo que habría que cambiar ciertas pretensiones de la ministra de Trabajo.

Precisamente, el presidente del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, aterrizó ayer dos aspectos de la norma laboral aprobada por el PP en 2012 que, en su opinión, dan flexibilidad interna a las empresas y no deberían modificarse en la próxima reforma del mercado de trabajo. Estas cuestiones están, además, entre las que han sido reclamadas por los empresarios en la negociación.

Concretamente, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados para analizar el proyecto de cuentas públicas para 2022, Hernández De Cos consideró que debería mantenerse la primacía del convenio de empresa sobre el sectorial en las materias en las que ahora está regulado; y proseguir con la posibilidad de que las empresas inapliquen las condiciones de su convenio colectivo de referencia, en el caso de atravesar un mal momento económico (los conocidos coloquialmente como descuelgues).

“Es muy importante que la legislación laboral permita esa adecuación a las condiciones específicas de la empresa”, explicó ayer el gobernador del Banco de España. Y añadió que dicha importancia radica en que en el momento que atraviesa la economía actualmente se van a producir “las mayores reasignaciones entre empresas y sectores”, como consecuencia no solo de la pandemia sino también de las políticas verdes contra el cambio climático. Junto a estas explicaciones, De Cos consideró que el Gobierno no debería anular la reforma del PP, al recordar su capacidad para crear empleo.

Dicho todo esto, el gobernador también fue tajante al apuntar dos factores que considera muy perjudiciales para la economía española y que la reforma laboral del PP no consiguió erradicar. Se trata del elevado nivel de temporalidad del empleo y los largos periodos de tiempo que los trabajadores pasan en el desempleo.

De Cos sí dijo, por el contrario, que la próxima reforma laboral del Ejecutivo de coalición debería solucionar ambos problemas. Criticó el abuso de la temporalidad, que consideró una de las principales causas de la baja productividad en España. Según explicó, hay que resolver el que las empresas no inviertan lo suficiente en estos empleados eventuales; e invitó al Ejecutivo y a los agentes sociales a adoptar medidas “atrevidas”, refiriéndose al último informe anual del Banco de España donde la institución planteó como una de sus principales propuestas para acabar con la dualidad del mercado laboral, implantar un programa de mochila austriaca. Si bien ayer no verbalizó esta solución en concreto.