El Banco de España toma posición pública en plena negociación entre el Gobierno y la banca para aprobar una estrategia de ayuda a los hipotecados en problemas por la escalada del euribor. La institución -encargada de supervisar la solvencia de las entidades y velar por la estabilidad del sistema financiero por sus implicaciones en la economía- ha pedido este viernes que las medidas que se adopten "no sean generales", sino "muy selectivas" en cuanto a sus potenciales beneficiarios y "totalmente transitorias" en su duración. De lo contrario, ha advertido, se podrían generar "problemas a medio plazo para los nuevos clientes".
Así, su director de estabilidad financiera, Ángel Estrada, ha solicitado al Gobierno que sea "muy cuidadoso" para que el plan que diseña con la banca "no se lo ponga muy difícil a los nuevos demandantes de crédito". Si las medidas son excesivamente amplias, ha argumentado, existe el riesgo de que las entidades encarezcan los préstamos para trasladar su coste a los nuevos hipotecados. "Es muy importante que cualquier tipo de ayuda que se diseñe no beneficie a los que ahora tienen hipotecas a costa de perjudicar a los potenciales nuevos clientes", ha insistido.
El alto funcionario ha mantenido que, salvo que el escenario económico se deteriore mucho más de lo previsto, no es previsible un "aumento muy significativo, si es que se produce" de la morosidad hipotecaria, ya que en los últimos años se han concedido de forma "bastante prudente". En este sentido, ha destacado que el grueso de los impagos se suele producir en los créditos concedidos en los últimos cinco años, cuyo peso sobre el total es "bastante reducido". También ha subrayado que el peso de las cuotas sobre los ingresos de los hipotecados es en general "bastante confortable", salvo en entorno a un 10% de los casos, en los que supera el 50%.
La morosidad no está subiendo, ha apuntado, porque las clases medias están usando sus ahorros ante la pérdida de renta disponible por la escalada de la inflación, mientras que los hogares de menor renta están reduciendo su consumo. En esta línea, ha recordado que las hipotecas son lo último que dejan de pagar las familias en apuros. Según ha indicado, los hogares que sufren una caída de más del 20% de la renta o cuyos integrantes caen al paro dejan de abonar los créditos al consumo entre los seis y doce meses después, los recibos de los suministros básicos el año siguiente, y solo en el segundo ejercicio las cuotas de los créditos para la compra de vivienda.
"Las hipotecas es lo último que dejan de pagar los acreditados españoles y esto es algo que es una fortaleza de nuestro sistema que no hay que abandonar porque es lo que da mucha solvencia a una fuente de financiación fundamental que tienen las entidades, sobre todo en momentos de turbulencias, como son las cédulas hipotecarias (títulos de deuda que venden a inversores y que tienen hipotecas como activo subyacente). Las medidas deben ser transitorias para que esta fortaleza que tienen el sistema bancario español no se pierda", ha insistido.
Estrada ha lanzado estos mensajes durante la presentación del bianual Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España. En el documento, el supervisor apunta que el impacto de la escalada de la inflación y los tipos de interés en familias y empresas es cada vez "más generalizado", cuando hasta ahora estaba centrado en los hogares de rentas más bajas y las compañías de los sectores más afectados por la pandemia. Así, el 13,8% de los hogares tiene una carga financiera excesiva (superior al 40% de sus ingresos), porcentaje que supera el 35% entre los de rentas más bajas. "No implica que vayan a impagar, pero sí que son más vulnerables", ha admitido la institución.
El Banco de España, en este sentido, ha pedido a los bancos que realicen provisiones "adecuadamente y a tiempo" para afrontar futuras pérdidas. De momento, eso sí, esta creciente debilidad de sus clientes no se ha trasladado a los balances del sector. Las entidades tenían al cierre de junio 84.700 millones de euros (54.000 millones de empresas, 28.000 millones de hogares y 2.000 millones de sociedades financieras no bancarias) en créditos en vigilancia especial en España por su alto riesgo de impago, lo que equivale al 7% de la financiación que tenían concedida a empresas y hogares, pero supone una caída del 9,8% respecto a diciembre. Otros 45.000 millones (unos 25.000 millones de empresas y 19.000 millones de hogares) estaban ya en situación de morosidad, un 3,8% del total y con una caída del 8,1% menos.