El Banco de España ultima una circular que modificará la regulación de la Central de Información de Riesgos (CIR), el repositorio donde las entidades bancarias españolas declaran todos los datos sobre las operaciones financieras relevantes que mantienen con sus clientes y a donde pueden acudir para consultar el nivel de endeudamiento y solvencia de cualquier persona.

El objetivo de este cambio en la regulación de la CIR es, entre otros, rebajar hasta los 3.000 euros, desde los 6.000 euros actuales, el umbral mínimo a partir del cual es obligatorio que un préstamo o un aval se dé a conocer a los supervisores.

La norma que el Banco de España acaba de someter a consulta pública previa a la elaboración del proyecto contempla que, a partir de enero de 2023, todas las entidades declarantes tendrán que informar de sus operaciones que no estén exentas (es decir, las superiores a 3.000 euros) en los primeros siete días de cada mes.

La CIR es un depósito de información al que pueden acudir las entidades bancarias en España cuando quieren estudiar la solvencia de un potencial cliente o conocer su grado de endeudamiento, su historial de pagos o si está expuesto a garantías en favor de terceros. Con la entrada en vigor de la nueva regulación, el sector se beneficiará de una mayor granularidad de los datos, al incluirse muchas operaciones que hasta ahora estaban exentas.

El origen de esta nueva circular está en una reciente orden ministerial que fija el camino gradual que llevará a cabo el sector bancario español para elevar el control sobre los créditos de la clientela en un entorno como el actual, en el que cada vez se están generalizando más alternativas financieras, como el pago aplazado en el mercado, lo que ha atomizado la información y el volumen de las operaciones.

El primer hito es el nuevo umbral de 3.000 euros de 2023, que ya supondrá multiplicar la cantidad de información y operaciones que tendrán que dar a conocer las entidades bancarias españolas, lo que a su vez incrementará el volumen de recursos destinados tanto por los bancos como por los supervisores para gestionarlos. Pero se trata de un estatus transitorio.

A partir de 2027 la orden ministerial y la circular del Banco de España reflejarán una rebaja aún más ambiciosa de los umbrales exentos en las operaciones que han de declararse obligatoriamente, situándolos en los 1.000 euros. Cualquier crédito, préstamo, aval o garantía superior a esa cifra firmado por un banco español tendrá que darse a conocer en la CIR para entonces.

La declaración a la CIR "tiene carácter obligatorio para todas las entidades", señalan fuentes próximas al supervisor, que añaden que los bancos han de remitir esta información desgranándola "operación a operación", aunque hay sectores como las instituciones sin ánimo de lucro o las sociedades no financieras que están exentos de algunas de las obligaciones más estrictas.