El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha inaugurado este lunes el apretado calendario de comparecencias de altos cargos ante las diferentes comisiones del Congreso para valorar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Y lo ha hecho con una larga y exhaustiva intervención que, a buen seguro, no era la que deseaba escuchar el Gobierno de Pedro Sánchez, cuestionando tanto las previsiones de crecimiento, como las estimaciones de ingresos y gastos.

Para empezar, el supervisor ha resaltado que el cuadro macroeconómico sobre el que sustenta el borrador de las Cuentas Públicas se ha visto superado por los acontecimientos, sobre todo después de la drástica revisión a la baja del crecimiento del segundo trimestre efectuada por el INE (del 2,8% al 1,1%), lo que trastoca las estimaciones de crecimiento tanto para este año como el que viene.

Aunque el Banco de España no dará a conocer sus nuevas proyecciones hasta el mes de diciembre, Hernández de Cos ha advertido de que, pese a que los indicadores muestran que la actividad económica “habría presentado un notable dinamismo en los meses de verano”, el ajuste del PIB en el segundo trimestre y la evolución posterior de los datos “permiten anticipar una revisión significativa a la baja del crecimiento del año corriente en España”.

De hecho, el gobernador del Banco de España ha resaltado que el panel de previsiones de Consensus Forecasts, que se publica mensualmente, recoge ya un tijeretazo de cinco décimas en su previsión de PIB para España en 2021, que ha recortado hasta el 5,6%, muy lejos del 6,5% que todavía defiende el Gobierno. Y aunque la media para 2022 se mantiene más estable, en el 6,1%, también es muy inferior al 7% pronosticado por el Ejecutivo español. Con estos mimbres, Hernández de Cos ha advertido de que la recuperación económica en España es todavía “claramente incompleta” y ha subrayado que el nivel del PIB en el segundo trimestre aún presentaba “una brecha de 8,4 puntos porcentuales frente al observado al final de 2019”, en contraste con los 2,5 puntos de la zona euro.

Todo ello en un contexto en el que la ejecución de los proyectos de inversión vinculados a los fondos europeos, de cuya movilización y asignación “dependerá crucialmente” la evolución de la economía española, acumulan un importante retraso. Aunque el Gobierno ha consignado en las Cuentas de 2022 27.633 millones con cargo a las ayudas comunitarias, el Banco de España advierte de que, todavía a estas alturas, “la incertidumbre continúa siendo notable tanto en relación con el momento de ejecución de los proyectos como respecto a su efecto multiplicador sobre la actividad y el empleo, lo que condicionará de manera decisiva la evolución económica en los próximos años”.

A partir del desfase que existe entre las proyecciones de PIB de los expertos y las del Gobierno, las previsiones de ingresos y gastos con las que el Ejecutivo ha construido su proyecto de Presupuestos se convierten en una suerte de castillo de naipes, levantado sobre unos cimientos de barro, que Hernández de Cos puso ayer en tela de juicio.

Primero, porque parten de unos supuestos para 2021 que no se van a cumplir. Y es que, según el supervisor, el avance de liquidación de este año apunta “a una recaudación de unos 3.100 millones por debajo del Presupuesto inicial”, fruto, esencialmente “de la menor capacidad recaudatoria de las nuevas medidas impositivas que fueron introducidas en 2021”. En otras palabras, el Gobierno ya pecó de optimista en las Cuentas del presente ejercicio. Y aunque los ingresos por cotizaciones se comportarán previsiblemente mejor de lo esperado (crecerán en unos 3.600 millones), esto “no será suficiente para compensar una recaudación tributaria” que se situaría en conjunto unos 6.700 millones por debajo de lo presupuestado.

Y segundo, porque ese exceso de euforia vuelve a repetirse en el proyecto presupuestario de 2022, con dos medidas que, según el supervisor, “tendrían un impacto recaudatorio muy reducido en 2022”, como son el tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades y la reducción de 2.000 a 1.500 euros de la aportación máxima a los planes de pensiones. A ello se suma una previsión de ingresos por cotizaciones sociales que el Banco de España considera “ligeramente optimista”, aunque admite que se “podría ver parcialmente compensada por una previsión prudente para la recaudación tributaria”.