El tiempo corre y los fondos del paquete de ayudas directas de 7.000 millones de euros, aprobado por el Ejecutivo en marzo para socorrer a los autónomos y empresas golpeados por la pandemia, sigue lejos de agotarse. Con la intención de destrabar la situación y facilitar el acceso a los fondos, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha avanzado este lunes que la cartera que dirige prepara una “aclaración” del decreto, un anuncio que se suma al de la semana pasada, cuando informó de que pediría a Bruselas una ampliación del plazo de concesión de las ayudas, que a priori vence en diciembre.

“Estamos preparando una aclaración de este Real Decreto-ley para que las comunidades autónomas que tengan recursos y que quieran sacar una convocatoria adicional lo puedan hacer y puedan ejecutar [estas ayudas] al máximo de aquí a final de año”, dijo la vicepresidenta primera en una entrevista en Telecinco recogida por EP. Preguntados por este periódico, desde Economía evitaron dar más detalles al respecto y se limitaron a señalar que será una “aclaración de conceptos” y “no un cambio” del decreto.

A falta de ver la magnitud de la medida, una aclaración que vienen solicitando varios territorios es la de si las ayudas pueden servir para compensar pérdidas contables. Canarias, Baleares y la Comunidad Valenciana han interpretado que sí, lo que les ha permitido adjudicar un mayor volumen de recursos que otros territorios que venían esperando a que Economía lo aclare. Es el caso de la Comunidad de Madrid, que considera que hace falta una reforma de calado para hacer efectivo el plan de ayudas.

“Calviño tendrá que rebajar su soberbia, reconocer que diseñó mal el decreto-ley de ayudas directas, y modificarlo. Sin una nueva ley que corrija las torpezas de la anterior, será imposible que las ayudas lleguen a todas las empresas y autónomos que han excluido”, ha incidido este lunes el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty.

Actualmente, no se han solicitado ni la mitad de los fondos, tal y como adelantó este periódico la semana pasada. Según denuncian ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos) y UPTA (la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), una de las principales barreras de acceso a los fondos es la obligatoriedad de tener facturas pendientes con proveedores, además de no tener ninguna deuda con el Estado.

“La ministra se volverá a equivocar si lo único que va a hacer es aclarar conceptos”, comenta Eduardo Abad, presidente de UPTA. “No hace falta una aclaración, hace falta una corrección”, señala, por su parte, Lorenzo Amor, presidente de ATA. En este sentido, Amor mantuvo una reunión el lunes con la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, para hablar de su preocupación por la situación de los fondos. Tras ella, el Partido Popular informó de que este martes defenderá en el Congreso la necesidad de realizar cambios normativos para “desbloquear de forma inmediata” las ayudas.