Casi una cuarta parte, el 22,8%, de los cerca de diez millones de pensiones que paga la Seguridad Social a día de hoy, requieren de un complemento sufragado por el Estado para alcanzar el mínimo legal. En total, suponen más de 2,2 millones de pensionistas, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los que se puede observar grandes diferencias por regiones.

En ocho autonomías, el complemento a mínimos es necesario en más del 25% de las pensiones. La región en la que es más común es en Extremadura, donde el 42,5% de los pensionistas reciben el complemento. Esta es precisamente la comunidad con uno de los mercados de trabajo más precarios del país, ya que presenta la tasa de temporalidad más alta de España (35,2%) y el salario medio más bajo (unos 19.940 euros anuales en el año 2019). En contraste con el caso extremeño está el País Vasco, la comunidad con el porcentaje más bajo de pensiones con complementos a mínimos, apenas el 10,7%.

“La razón es simple. Las regiones con salarios más altos, mayores tasas de empleo y un historial de carreras de cotización más largas generan pensiones más elevadas que no necesitan los complementos a mínimos. Y lo contrario sucede en las regiones con salarios más bajos, menores tasas de empleo y carreras de cotización más cortas”, explica Eduardo Bandrés, director de Economía Pública de Funcas (la Fundación de las Cajas de Ahorro).

Castilla-La Mancha (34,9%) y Andalucía (31.1%) son las otras dos autonomías que superan el umbral del 30% de sus pensiones con complementos a mínimos, siendo esta última comunidad la que más pensionistas de este tipo tiene, con casi medio millón. Madrid y Cataluña, por su parte, se encuentran en el lado contrario de la tabla, tras el País Vasco, con el 14,9% y el 15,1%, respectivamente.

“Por sectores, el régimen especial agrario y los empleados del hogar, así como los autónomos, son los que en mayor proporción perciben estos complementos”, añade Bandrés, quien remarca que esta ayuda tiene mayoritariamente rostro de mujer. “Dos terceras partes de los pensionistas con complementos a mínimo son mujeres, titulares de pensiones de viudedad o de jubilación con carreras de cotización más cortas y bases reguladoras más bajas”, indica.

Por poner un ejemplo, la pensión de jubilación mínima se sitúa actualmente en los 654,60 euros mensuales, para aquellos jubilados de 65 años con un cónyuge, pero sin que este esté a su cargo. Del total de pensiones con complementos a mínimos, un 57,8% son jubilaciones, un 28,3% corresponden a las prestaciones por viudedad, el 6,7% a orfandad, el 6,1% a incapacidad permanente y el 1% a favor familiar.

Si bien el complemento se aplica al 22,8% de las pensiones, este extra apenas supone un 4,7% del gasto dedicado a pensiones. “Cifra que además está en descenso desde valores del entorno al 7% hace diez años. Su aplicación está plenamente justificada como garantía de unos ingresos mínimos que eviten a sus titulares caer por debajo de la línea de pobreza”, comenta Bandrés.

En este sentido, los datos muestran que desde 2017 el peso del complemento sobre el total de las pensiones contributivas ha descendido en 2,5 puntos porcentuales. Y esta tendencia continúa en las pensiones de jubilación. Si se dirige la mirada a las altas en el sistema, “solo el 12% de los nuevos jubilados requiere del complemento”, resalta Bandrés. “Sin embargo, en las pensiones de viudedad, el porcentaje es aún del 21%, lo que indica que se trata de un tipo de pensiones con un marcado componente redistributivo”, añade el experto.

Este complemento, indican en Funcas, es común en países de nuestro entorno. “Casi todos los países europeos tienen pensiones básicas, complementos a mínimos (…) el mantenimiento [de esta ayuda] se relaciona no solo con la calidad del empleo y los niveles salariales, sino con la relación de estos con el umbral de riesgo de pobreza de cada momento y con la voluntad política de situar los mínimos por encima de ese umbral de pobreza. Por eso, países con mayor nivel de renta que España siguen teniendo complementos para las pensiones contributivas”, argumenta Bandrés.