El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha puesto sobre la mesa una propuesta de política económica para contribuir a frenar la escalada de precios en España. Se trataría de evitar la indexación generalizada de las partidas públicas de gasto al IPC y, en concreto, evitar la actualización de todas las pensiones a la inflación media anual, como manda la ley desde enero pasado. No obstante, De Cos ha precisado, que sólo las pensiones mínimas –que afectan a dos de los colectivos más afectados por el repunte de los precios: las personas de rentas bajas y los mayores de 65 años– se deberían revalorizar con el IPC anual, el resto no.

Esta propuesta, que el gobernador ha expuesto hoy en la Universidad de Sevilla donde ha impartido una conferencia titulada Un pacto de rentas en España: por qué y para qué, formaría parte de un futuro acuerdo, que ha circunscrito principalmente a empresarios y sindicatos, pero que también incluiría a otros sectores como los pensionistas, en el que se acuerde y concrete cómo se reparte la pérdida de poder de compra producida por el fuerte repunte inflacionista.

Así, dicho pacto de rentas reclamado por De Cos debería recoger, por un lado, un acuerdo sobre cuánto tendrían que subir los salarios, "que podrían ligarse a la inflación subyacente", sugirió; y, por otro lado, un compromiso de los empresarios para no trasladar al precio final el alza de los costes de materias primas y laborales. Además, este pacto incluiría cuánto subirían las pensiones superiores a las mínimas que, este año, se desligarían del IPC medio anual al que las vincula la ley. De Cos no precisó cuánto deberían subir estas pensiones superiores a las mínimas, pero dado que se incluirían en el pacto de rentas, podría servir también la sugerencia de incrementarlas lo que suba la inflación subyacente.

Asimismo, ha relatado que el acuerdo salarial debería incluir "por supuesto, un compromiso de moderación de los márgenes empresariales", algo que ha calificado de "muy importante" para frenar el daño de la inflación a la economía. Dicho esto, el gobernador también ha precisado lo que no debería incluir este pacto en ninguno de los casos: "el acuerdo que se pacte debe ser sin cláusulas de revisión salarial" en los convenios colectivos. Esto es, De Cos ha rechazado de plano la principal reivindicación sindical que es, a la vez, la línea roja de la patronal, que está impidiendo la firma del acuerdo salarial entre los agentes sociales.

En su opinión, el principal motivo por el que es necesario el citado pacto de rentas es para evitar los efectos de segunda ronda de la inflación, "que generarían más pérdidas incluso que las del shock inicial", ha dicho en referencia a la subida de precios energéticos y de materias primas. Además, ha explicado que este acuerdo para amarrar salarios y beneficios empresariales es ahora más necesario porque hasta el momento ya existía "un pacto de rentas implícito", ya que los salarios pactados en convenio apenas suben un 2,5% frente al 9,8% del IPC y el 3,4% de la inflación subyacente, y las empresas tampoco han trasladado aún a precios plenamente todo este encarecimiento, ha señalado. "Pero puede haber ya señales de agotamiento de este pacto implícito", ha advertido De Cos, por lo que los agentes sociales y el Ejecutivo deberían materializar un acuerdo, que incluya a los pensionistas de rentas medias y altas.