En el año 2023 -sobre la riqueza neta declarada en 2022- los grandes patrimonios de Extremadura, Baleares y Comunidad Valenciana pagarán hasta 200.000 euros más que las fortunas semejantes de otras zonas de España como Madrid y Andalucía, curiosamente las regiones que llevaron al Ejecutivo a crear el nuevo tributo. En paralelo, engordará la factura de los más ricos en un total de siete autonomías.

Los números provienen de los cálculos que ha elaborado el REAF del Consejo General de Economistas, que estos días celebra sus jornadas anuales en la ciudad de Cádiz. El nuevo impuesto, según su diseño, gravará la riqueza neta de más de 3 millones de euros con unos tipos aplicables que oscilan entre el 1,7% y el 3,5%, en función del tamaño del patrimonio en cuestión. Contempla a su vez una deducción del 100% por el pago del impuesto original. Estas características dan pie a tres escenarios posibles en función de la normativa de cada comunidad, engordando o menguando la factura a pagar.

El primer supuesto afecta a las regiones que bonifican Patrimonio al 100%, como Madrid y Andalucía. En él, los ricos pagarán la nueva tasa. El segundo escenario se da en aquellas autonomías que mantienen Patrimonio pero que tienen unos tipos inferiores a los fijados por el nuevo impuesto. Es el caso, tal y como explica el presidente del REAF, Agustín Fernández, "de los patrimonios más elevados de regiones como Asturias, Cantabria, Cataluña y Murcia, ya que su tipo marginal máximo es inferior al 3,5% fijado en el nuevo impuesto". En estas zonas primará el nuevo gravamen, aumentando en varios miles de euros el pago efectivo que ya venían realizando los contribuyentes más acaudalados.

El tercer y último supuesto es el de las comunidades autónomas que mantienen Patrimonio y que cuentan con tipos superiores a los diseñados en el nuevo impuesto a la riqueza. En estos casos prevalecerá la figura tradicional. Esta radiografía arroja diferencias sustanciales por territorios en la factura final que abonan las grandes fortunas. El REAF, en concreto, ha elaborado tres supuestos en función del tamaño de los patrimonios afectados. En todos ellos, extremeños, baleares y valencianos son los más perjudicados por el gravamen a la riqueza.

El primer supuesto toma como referencia las fortunas netas de 4 millones de euros. En este caso, la factura anual de los ricos madrileños y andaluces -la más baja de toda España- será de 5.100 euros. Al otro lado estarán los contribuyentes de Extremadura, que tendrán que pagar cerca de 60.000 euros, y los de Baleares y Comunidad Valenciana, que deberán abonar unos 50.000 euros.

La brecha va creciendo a medida que aumentan los patrimonios gravados. Un rico con 15 millones de euros netos estará obligado a pagar 418.000 euros en Extremadura, 373.000 en Baleares y 362.000 euros en Comunidad Valenciana. Son hasta 140.000 euros más que la factura de 278.000 euros que abonarán los contribuyentes de Madrid, Andalucía y Galicia, de nuevo los menos perjudicados.

En el caso de los patrimonios de 40 millones, las facturas más elevadas estarán otra vez en Extremadura (1,35 millones) y Baleares y Comunidad Valenciana (1,23 millones ambas). Las más bajas, por su parte, se darán en Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid y Murcia, con 1,15 millones en todas ellas. La brecha entre unas y otras asciende hasta un máximo de 200.000 euros.

Más allá de estas diferencias regionales, los números que ha hecho el REAF también constatan la penalización que sufrirán con el nuevo tributo los contribuyentes más pudientes de las regiones que mantienen el impuesto tradicional y que tienen unos tipos marginales inferiores al 3,5%. Son Asturias, Galicia Cantabria, Cataluña y Murcia (que anunció esta semana la supresión de Patrimonio a partir de 2023).

Como se comentaba anteriormente, al tener unos tipos de gravamen inferiores en Patrimonio, en estas autonomías predominará el nuevo impuesto. Así, en Cataluña, un rico con 40 millones de riqueza pagará sobre 2022 unos 168.000 euros más de lo abonado un ejercicio antes (1,15 millones frente a 985.000 euros). En Galicia, que bonifica al 50% Patrimonio, la factura subirá en casi 480.000 euros para este tipo de perfiles. El sobrecoste será menos abultado, entre 64.000 y 80.500 euros, en Cantabria, Asturias y Murcia. Hay que sumar al grupo a Madrid y Andalucía. En total, siete regiones en las que se pagará más.

El impuesto sobre la riqueza afectará, según las estimaciones, a cerca de 23.000 contribuyentes y dejará unos ingresos anuales de unos 1.500 millones de euros. Aunque ha sido diseñado para funcionar de forma temporal, el Gobierno ha incluido una cláusula para valorar su prórroga más adelante o, incluso, convertirlo en permanente.