El Gobierno ha decidido poner en marcha un relevante mecanismo sancionador contra los abusos que las empresas puedan cometer sobre los consumidores y que tratará de evitar también prácticas como la publicación de comentarios falsos sobre productos online o la compraventa masiva de entradas mediante sistemas automatizados. Así lo recoge el anteproyecto del texto refundido de la Ley del Ministerio de Consumo que ha sido aprobado este martes en el Consejo de Ministros y que ha sido presentado posteriormente en rueda de prensa por el ministro del ramo, Alberto Garzón.

La nueva norma busca desincentivar los fraudes masivos, las prácticas que vulneren la unidad de mercado o la libre competencia, aunque el infractor esté situado fuera de las fronteras españolas y dar garantías a la clientela de servicios digitales. En la actualidad, ha defendido Garzón, se produce una “asimetría de poder entre grandes corporaciones y consumidores”, por lo que el Gobierno busca generar “desincentivos a que las grandes empresas puedan cometer fraudes o abusos contra los consumidores”.

A tal fin se crea un sistema de multas de hasta un máximo de un millón de euros, u ocho veces el beneficio ilícito obtenido, en el caso de irregularidades cometidas en España, o de hasta el 4% del volumen de negocio anual de la compañía que vulnere las normas en más de un estado de la UE. Aunque el sistema sancionador es “la herramienta central” del anteproyecto, según ha defendido Garzón, el texto contiene además nueva regulación sobre el comercio online, el uso de las nuevas tecnologías y otras prácticas de la actividad online.

Así, de una parte, se refuerza la normativa en defensa del consumidor contra las prácticas de publicidad engañosa o desleal, como la que suponen las reseñas sobre bienes y servicios que la empresa no verifique que son reales y no parte de una estrategia de marketing. También se pedirá a los portales de venta en internet que detallen los datos a partir de los cuales ofrecen precios personalizados a determinados clientes, teniendo en cuenta que muchos de ellos se sirven del historial de navegación web del consumidor, por ejemplo, por lo que se exige un plus de transparencia para reequilibrar la relación con el comprador.

La norma también busca evitar la compra masiva de entradas a través de bots automatizados, que algunos intermediarios utilizan para agotar las existencias ofrecidas por el vendedor primario para encarecer su venta a particulares.