El Gobierno ha mantenido en la tarde del domingo una reunión de urgencia con la patronal y los sindicatos para trasladarles una nueva propuesta para prorrogar las condiciones especiales de los expedientes de regulación de empleo (ERTE) por la crisis del Covid. El texto, mantiene una propuesta para ligar las futuras exoneraciones de cotizaciones de los trabajadores en ERTE a su participación en programas de formación, algo que hasta ahora estaba siendo el principal escollo para llegar a un acuerdo.
Así, según ha informado el sindicato UGT, la asistencia a la reunión del secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo a la reunión –cuya ausencia en los anteriores encuentros había sido criticada– ha permitido a los agentes sociales conocer los detalles de esta vinculación entre las ayudas a las empresas y su obligación de formar a los trabajadores en ERTE. En concreto, Seguridad Social ha propuesto que las empresas podrán reducir sus cuotas de seguridad social en un 20% en empresas de más de diez, si no se da formación, y 50% en caso de impartir formación, en ERTE de limitación; y de 50% y 70% respectivamente en empresa de menos de diez empleados. Asimismo, todas las empresas tendrán una exoneración del 100% en ERTE de impedimento. También se modifica el tamaño de las empresas que ha servido habitualmente de diferencia situándolo en 10 en vez de los habituales 50.
En este aspecto, se ha adelantado que deberían de emplearse 30 horas en acciones formativas en empresas de entre 10 y 49 personas trabajadoras, y 40 en empleadoras de más de 50. Asimismo, se vinculan las actividades formativas con un incremento de crédito para la financiación en el ámbito de la formación programada, recogida en la Ley 30/2015 por el que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
Sin embargo, CEOE y CEPYME han vuelto a mostrar su rechazo al sistema de exoneraciones vinculado a la formación, tanto en los ERTE de limitación como en los de impedimento. Mientras que desde UGT sí apuestan por la formación de trabajadores en situación de ERTE, pero reclaman que, dada la dificultad de impartir estos programas formativos, el plazo para la nueva prórroga de los ERTE sea el 31 de marzo de 2022 en lugar del 31 de enero del próximo año como se está barajando.
Al margen de esta propuesta, que es la que está impidiendo el acuerdo y parece que, de momento seguirá haciéndolo imposible por la negativa patronal, la propuesta del Gobierno facilitada hoy incluye también como novedad que las prórrogas se puedan tramitar durante todo el mes de octubre, en el que se va a mantener las actuales condiciones de ERTE, por lo que la vigencia de la nueva prórroga empezará en noviembre de 2021.
Se fija ya definitivamente que el silencio administrativo para aceptar las nuevas solicitudes de ERTE se aplicará con carácter positivo, de forma que si la autoridad laboral no responde en 10 días el expediente se considerará aceptado. Se mantienen también los beneficios relacionados con la prestación por desempleo de las personas trabajadoras, así como es el mantenimiento de las condiciones de protección de los trabajadores con contrato fijo discontinuo, y el mantenimiento del contador a cero hasta el 1 de julio de 2022.
Igualmente, seguirá vigente el compromiso de mantenimiento del empleo por parte de la empresa; la prohibición de despedir; la interrupción del cómputo en contratos temporales; la prohibición de realización de horas extras; el impedimento de realizar contrataciones nuevas en empresas que están aplicando ERTE, o el coto a la externalización mientras se disfrutan de los beneficios de esta extraordinaria legislación.