El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, planteó ayer a la vicepresidenta primera y de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, un órdago a la grande en relación con el pacto de rentas. Garamendi emplazó a Calviño a que dentro de la negociación incluya también los salarios de los funcionarios y la evolución de las pensiones para el próximo año. Y también una rebaja de los impuestos para las empresas.

Por lo tanto, Garamendi trata de colocar al Gobierno en una situación en la que el Ejecutivo tenga que hacer concesiones difíciles, para que, si llega el acuerdo, la opinión pública vea que todo el mundo ha tenido que ceder para llegar a un pacto económico y social, de mayor alcance que un acuerdo de rentas.

Para contentar a los empresarios, el Gobierno tendría que hacer concesiones difíciles en varios terrenos. En contra de su electorado y de los sindicatos, porque los empresarios quieren, a cambio de una limitación de los dividendos y su reinversión en las compañías, la moderación, o congelación, de los salarios de los funcionarios, que las pensiones suban menos que la inflación y que el Gobierno baje, o no suba, los impuestos a las empresas.

Garamendi, aprovechó ayer para pedir responsabilidad al Gobierno en el compromiso del pacto de rentas, no dejando únicamente el asunto en manos de los agentes sociales. El papel de los funcionarios es vital para alcanzar este objetivo de control de salarios y ello es responsabilidad del Gobierno, vino a decir Garamendi. Pero la propuesta de los empresarios además se amplía con la introducción en la negociación de las pensiones.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, también terció en el asunto y pidió que se incluya al sector público. La postura de los empresarios es bien conocida, no se cierran en banda a una subida de los salarios, siempre y cuando no se referencien a la inflación, lo que alentaría una temida espiral de precios-salarios.

Los sindicatos, por su parte, ya han dejado para septiembre la negociación y su enfoque va dirigido hacia el control de los beneficios empresariales. Aquí es donde está el principal punto de enfrentamiento con los empresarios, ya que siguen defendiendo la inclusión de cláusulas de garantía salarial ligadas al IPC.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, defendió que "las empresas están trasladando los costes a los productos que fabrican o a los servicios que venden y nadie puede pretender que los trabajadores no trasladen a los salarios al coste de la vida o que no se traslade a las pensiones". Mantiene su amenaza de que si no hay acuerdo habrá movilizaciones.