Una “profunda transformación” de la naturaleza de los estatutos de autonomía en constituciones territoriales, subordinadas a la Constitución federal, pero sin la condición de leyes orgánicas del Estado y, por tanto, sin estar sometidas a las Cortes Generales. Remodelar “entero” el sistema de competencias, “defectuosísimo”, afinando su reparto al fijar en la Constitución las que corresponden al Estado y dejando las restantes a las autonomías.

Y reconvertir el Senado en cámara territorial, a la manera del Bundesrat alemán, integrado por miembros de los gobiernos autonómicos, lo que serviría para integrar a las comunidades y garantizar su participación en las decisiones del Estado, reduciendo la conflictividad.

Estas son algunas de las propuestas elaboradas por diez prestigiosos catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo, encabezados por Santiago Muñoz Machado y Eliseo Aja, y que, bajo el título de Ideas para una reforma de la Constitución, presentaron ayer en la sede de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en Madrid.

Cinco de ellos son catalanes: además de Eliseo Aja, Francesc de Carreras, Enric Fossas, Víctor Ferreres y Joaquín Tornos. Los otros cinco cubren otros puntos cardinales del mapa de España: Muñoz Machado y Javier García Roca (Madrid), Ana Carmona (Sevilla), Alberto López Basaguren (País Vasco) y José Antonio Montilla (Granada). Todos ellos, según les presentó Muñoz Machado, se constituyeron en “voluntariado cívico”, es decir, que ni el Gobierno ni ningún partido político les encargó nada.

Ellos mismos se “autoconvocaron”, ante la convicción compartida de que “es necesario abordar con urgencia una reforma de la Constitución”. No todas las soluciones que encontraron los padres de la Constitución de 1978 son “encomiables”, muchas respondieron a aquel contexto histórico y político. Y casi cuarenta años después, advierten una “importante fatiga de materiales” en algunas vigas maestras de la Carta Magna. Su propósito con este documento, según Eliseo Aja, es “dar un toque de atención” a los políticos, para que se pongan las pilas.

Ante la aceleración de los acontecimientos en Catalunya, consideran que lo más urgente es acometer reformas en el modelo de organización territorial del Estado. Pero no proponen una revisión “de corte revolucionario”, ni abordar un proceso constituyente. El documento, antes de desgranar propuestas concretas, hace unas reflexiones previas. Así, considera “un gravísimo atentado contra la Constitución” la declaración unilateral de independencia en Catalunya, y califica de “correctas y adecuadas las reacciones del Estado”, tanto por la actuación judicial como por la aplicación por parte del Gobierno del artículo 155 de la Constitución. “Pero además de la restauración de la legalidad, hay que iniciar un diálogo político que permita superar las intentonas independentistas en un marco constitucional y legislativo reformado”, receta el documento.

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Y apuesta por tres reformas concretas en relación a Catalunya. En primer lugar, el reconocimiento de su singularidad, para lo que algunos de los ponentes defienden la incorporación de una disposición adicional específica, en la que se aborden las cuestiones identitarias, competenciales y de relación con el Estado. “Esto permitiría reconocer la singularidad de Catalunya sin necesidad de modificar el artículo 2 de la Constitución”, advierte el documento. “Queremos hacer una casa común atractiva, con una habitación para Catalunya”, explica García Roca.

En segundo lugar, propone recuperar los contenidos del Estatut del 2006 desactivados por la sentencia emitida cuatro años después por el Tribunal Constitucional. Y, en tercer lugar, remitir al Estatut aquellos aspectos identitarios o de organización institucional o territorial que sólo afectan a Catalunya y no a los restantes territorios ni al funcionamiento del Estado. “De esta forma –explica el documento–, un Estatuto de Autonomía podría incluir la denominación de la comunidad que mejor responda a su identidad histórica”.