El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado un paquete de deducciones en el IRPF por un importe total de 85 millones de euros, que se aplicarán en las rentas de hasta 30.000 euros, por la adquisición de libros de texto o por el abono de los centros de educación infantil, entre otros.
Durante su discurso en el Debate sobre el Estado de la Región, que se celebra este martes en las Cortes regionales, el presidente castellanomanchego ha destacado que sus objetivos, con estas deducciones, es "garantizar un suelo básico por la vía del ingreso y del gasto en la cesta del consumo, hasta que el IPC no se reduzca" y "garantizar que todas las familias van seguir teniendo la misma sanidad, educación y prestaciones sociales cuando generan gastos especiales"
"No es una revisión fiscal", ha explicado García-Page, sino que es "utilizar con equidad y justicia" los recursos y que su aplicación es temporal, hasta que se supere la actual situación de inflación.
Las deducciones más cuantiosas en el IRPF se producirán en las rentas de hasta 30.000 euros, con varios tramos, de forma de que en las rentas inferiores a 12.000 euros se podrán deducir 200 euros; las inferiores de 21.000 euros se podrán deducir 150 euros y las inferiores a 30.000 euros, 100 euros.
Dicha deducción se ha calculado que tendrá un impacto estimado de 75 millones y se ha previsto que llegue al 87 por ciento de la población de Castilla-La Mancha.
"Podríamos haber planteado una reducción lineal a todos los ciudadanos, hasta el límite que permite la ley, pero habría supuesto un tercio de lo que vamos a ahorrar a la ciudadanía", ha reivindicado García-Page, que ha insistido en que esta medida "va dirigida a ayudar desde los impuestos a quienes realmente lo necesitan, y ha valorado que esta medida, "que no se ha planteado en otra comunidad autónoma, es una concepción de impuestos progresiva, justa y dentro del marco de crecimiento económico".
La segunda deducción, estimada en 3,5 millones de euros, supondrá duplicar la deducción existente por las cantidades satisfechas por custodia de hijos menores de 3 años en centros de educación infantil y se pasará del 15% al 30%, al tiempo que se aumentará, también en el doble, los límites máximos de deducción de 250 euros a 500 euros.
Además, se va a incrementar la deducción ya existente de adquisición de libros de texto y enseñanza de idiomas por dos vías, una de ellas con un aumento en todos los conceptos que estén relacionados con el aprendizaje del alumno fuera de los centros educativos, como clases de refuerzo, acceso a internet o gastos por estudios fuera del municipio de residencia y con el aumento en el ámbito de aplicación a todos los niveles educativos.
En esta línea, también se van a duplicar los límites máximos de deducción previstos actualmente y en total, esta línea de deducciones tiene un impacto estimado de 5,5 millones. En cuanto a la actividad económica, García-Page ha anunciado dos deducciones específicas, con un impacto estimado de medio millón de euros.
La primera de estas deducciones, para favorecer el emprendimiento, va a suponer una deducción de un 20% por la inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital, con un límite de 4.000 euros. Y la segunda, será una deducción de un 20% por inversión en entidades de economía social, con un límite de 4.000 euros.
El presidente castellanomanchego ha defendido, asimismo, la armonización fiscal de las comunidades autónomas, toda vez que en Europa se está pidiendo un mercado único y, por ello, ha considerado que el que cada comunidad autónoma vaya "por libre, para que quede mejor con su clientela es un discurso falso" e incluso ha reclamado al Estado a que, respetando las competencias autonómicas, apele a la armonización fiscal, para que el panorama nacional "no sea una selva en términos fiscales".
Asimismo, ha preguntado al grupo popular cómo prevén mantener los servicios sociales si plantean una bajada de impuestos de mil millones, teniendo en cuenta que el presupuesto de la Junta para gastos ronda los 6.000 millones, y tras reclamar coherencia, ha instado a que el PP también baje en los ayuntamientos donde gobierna los impuestos que cobran a sus ciudadanos.