"Si se decide prorrogar la bonificación al combustible, lo deseable sería que se restrinja al ámbito profesional o a determinados colectivos más vulnerables". Así de claro y sin tapujos volvió a defender ayer la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, el fin de las ayudas y los descuentos generalizados, que tocarán a su fin el 31 de diciembre -cuando acaba la prórroga de la mayoría de las ayudas implementadas por la pandemia y la guerra de Ucrania, incluido el descuento de 20 céntimos en los carburantes-, para dejar paso a medidas más restringidas, dirigidas a profesionales y rentas más bajas.

Únicamente, la agudización de la crisis inflacionaria podría hacer al Gobierno replantearse esta decisión, que aún no está tomada -pero sí en "avanzado estudio", confirmaron fuentes ministeriales-, a la espera de tener una previsión macroeconómica lo más cercana posible al cierre del año.

Este nuevo plan de ayudas girará, por tanto, en torno a la reducción de su impacto fiscal en las cuentas públicas, ya que el descuento en las gasolineras se ha convertido en la medida impositiva más cara aprobada por el Ejecutivo, 5.124 millones de euros de los más de los 13.000 millones destinados a medidas para paliar el impacto de la crisis, casi el 40% del total, y que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima supondrá más de un 1% del déficit de este año.

Según este organismo público, el plan anticrisis tendrá un coste al cierre de 2022 de 9.487 millones de euros, entre los que constan los 5.124 millones de los carburantes, 1.753 de ayudas sectoriales, los 1.410 millones de ayudas directas a hogares y particulares -en dos paquetes de 540 y 870 millones- y los más de 1.200 millones destinados a políticas de apoyo e inserción de refugiados e inmigrantes. Todo sumarían 9.487 millones.

A esta cantidad habría que unir el montante que Hacienda habría dejado de ingresar por las reducciones fiscales en la factura eléctrica, 1.876 millones en concepto de la rebaja del IVA y 1.678 millones de descuento en el impuesto especial de la electricidad (IEE), en total 3.574 millones para alcanzar 13.061 millones de euros. Estas cifras han sido compensadas solo en parte con los 2.200 millones ingresados por el Fisco por la recaudación extraordinaria durante este ejercicio por la subida de los carburantes.

Este coste sería una de las principales razones por las que Calviño pretende restringir esta ayuda, "con un impacto positivo sobre la inflación, pero con un coste fiscal "muy importante que hay que tener en cuenta" y que "no discrimina entre las personas con mayor y menor renta". Es en este sentido en el que el equipo técnico del Ministerio está trabajando, "en encontrar la llave para extender las ayudas a las familias más vulnerables o a los trabajadores autónomos y no centrarlo en los que no lo necesitan", confirmaron a LA RAZÓN fuentes gubernamentales.

Por tanto, el Ministerio todavía no ha encontrado "la fórmula para discriminar a los beneficiarios del nuevo plan de bonificaciones del resto", ya que en el caso de los combustibles reconocen "es muy complicado". Una de las opciones barajadas sería hacer una rebaja temporal sobre la carga fiscal del combustible, como ha hecho Alemania, o discriminar por tipo de vehículo, aunque esta última ha sido prácticamente descartada por su complejidad. También se está estudiando la extensión o no de la rebaja del IVA de la electricidad y el gas y si se hará para "todo el año o solo una parte del año".