El Ministerio de Asuntos Económicos ha dado su visto bueno a limitar el impacto de las provisiones por las hipotecas que se acojan al paquete de medidas de alivio contra el alza de tipos de interés, aprobadas ayer por el Gobierno en Consejo de Ministros. Se trata de una cuestión clave que ha marcado las intensas negociaciones mantenidas entre Ejecutivo y sector bancario en los últimos días y que supone colmar, en parte, las demandas de las entidades.

"Las medidas del nuevo código no suponen un elemento de reclasificación directa como morosos o dudosos. Es importante no solo para las entidades en sus cuentas, sino también para los hogares. Lo hemos estado viendo por las consecuencias negativas que tiene para un hogar cuando sus créditos entran en estado de morosidad o dudosidad", señalan fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Otras fuentes conocedoras de los detalles técnicos explican que los clientes que se acojan al nuevo Código de Buenas Prácticas serán clasificados en vigilancia especial (stage 2) lo que obliga a provisionar parte del crédito, y no dudosos (stage 3) que requiere de unas dotaciones mucho mayores.

Durante las últimas semanas el principal escollo entre Gobierno y patronales para alcanzar un acuerdo era la definición de los potenciales beneficiarios de las ayudas. Mientras el Ejecutivo era partidario de abrir el abanico de medidas a las clases medias, los bancos defendían acotar el perímetro solo a los colectivos vulnerables para evitar un número desmedido de clientes que se acogieran a las medidas y obligaran a dotar provisiones millonarias.

En ese sentido, se ha logrado un punto de equilibrio que beneficia a todas las partes. El Gobierno ha arrancado un nuevo Código de Buenas Prácticas para clases medias en riesgo de vulnerabilidad al que podrán acogerse los hogares con una renta anual inferior a 29.400 euros. En total, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital calcula que hasta 700.000 hogares se podrían beneficiarse de esta medida. Esto supone extender ampliamente el perímetro de alcance, ya que en total el Gobierno calcula que el conjunto de medidas podría llegar hasta un millón de familias.

Por su parte, los bancos ven con mejores ojos una limitación de las provisiones para adherirse al paquete de medidas. De hecho, es una de sus mayores preocupaciones. Esta mañana, los consejeros delegados de las principales entidades financieras aseguraban que aún debían estudiar el texto aprobado por el Consejo de Ministros para calcular cómo afectaría a su nivel de provisiones antes de adherirse o no a las medidas.

En lo que respecta a las familias que se acojan a las medidas, más allá del alivio inmediato que experimentarán en el pago de la cuota, evitarán ser clasificados como dudosos o morosos. Se trata de una cuestión importante, ya que cuando un cliente recibe esa calificación ve restringido su acceso al crédito.