La constitución de un comité de expertos para diseñar una reforma fiscal, que podría tener sus primeros efectos en 2022, ha encendido esta semana las alertas de empresarios y economistas, que temen ver truncada la recuperación económica. Para tranquilizarles, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguró este jueves que “no es el momento de subir impuestos, de ninguna manera estamos hablando de eso y menos a corto plazo”.

La prioridad actual del Gobierno es “impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, razón por la que tampoco se han subido este año”, aseveró en Cadena Ser, obviando las alzas fiscales aprobadas para rentas superiores a 300.000 euros anuales y patrimonios de más de 10 millones. Calviño matizó que lo que sí está encima de la mesa es una reforma “para hacer un sistema fiscal más sólido y progresivo”, motivo por el cual se ha creado el comité de 17 expertos presentado el pasado lunes. “Tenemos que empezar a pensar en la imposición digital, en la imposición verde y en cómo hacer el Impuesto sobre Sociedades” de corte global que viene reclamando la OCDE y está impulsando ahora la Casa Blanca de Joe Biden.

La vicepresidenta segunda del Gobierno salía así al paso a la inquietud generada entre el empresariado ante el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación del citado comité de expertos, de que aspira a remodelar Sociedades ya en 2022 y ve prioritario actuar sobre Patrimonio y Sucesiones y Donaciones.

La posible subida de estos impuestos, cedidos a las comunidades autónomas, ha provocado el rechazo del Instituto de Estudios Económicos (IEE), muy cercano a las posturas patronales. El organismo señaló este jueves que “el mero anuncio ya constituye, en sí mismo, un lastre para la recuperación económica”. En la presentación del informe La competitividad fiscal de las comunidades autónomas: condición necesaria para el desarrollo económico, su presidente, Íñigo Fernández de Mesa, afirmó que la “situación actual es la peor para subir los impuestos en España” que es lo se pretende, a su juicio, con la armonización fiscal autonómica que viene defendiendo el Gobierno.

“Podemos afirmar, se dice en el informe, que forzar una subida de la presión fiscal recaudatoria de hasta seis puntos del PIB, sin igualarnos a la media europea en el nivel de renta y economía sumergida, podría tener un efecto contractivo de hasta 10 puntos del PIB y dos millones de empleos”. El estudio indica que lo que se debe hacer es “fomentar la corresponsabilidad fiscal, ya que las comunidades autónomas deben tener el derecho y la obligación de ejercerla”.

“A la hora de hablar de la reforma fiscal, siempre se hace alusión a que la presión fiscal en España está entre 7 y 8 puntos del PIB por debajo de la media europea, por lo que algunos creen que cabría incrementarla”, defendió por su parte el presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich, matizando que “quizá esta menor presión fiscal no sea debida a que en nuestro país se paguen menos impuestos, sino a que, entre otras variables, el número de cotizantes es muy inferior al del resto de países de la UE, por lo que sería deseable que la reforma fiscal fuera encaminada a incentivar la actividad económica y la creación de empleo”.

Desde el CGE asumen, en todo caso, que España necesita impulsar una revisión integral del sistema tributario, una vez consolidada la recuperación, en la que se simplifiquen Sociedades e IRPF, eliminando beneficios fiscales accesorios, se estudie qué tipos reducidos de IVA subir y se armonice la tributación regional –sin llegar a homogeneizarla– en el marco de una reforma del modelo de financiación autonómica.