Las dificultades del Ejecutivo para llegar a un acuerdo a tres con sindicatos y empresarios para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y la reforma laboral, está tensionando el diálogo social. Los desencuentros entre las partes en estas conversaciones amenazan con trasladarse a una tercera negociación clave que comenzará la semana que viene: la prórroga de los ERTE.

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, afeó ayer a la patronal su negativa a pactar un aumento de los sueldos más bajos mientras pide más ayudas al Estado para una prórroga de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo). “Los ciudadanos no entenderían que desde el mundo empresarial no haya ningún tipo de sensibilidad con la necesidad también de mejorar las condiciones de los trabajadores con los salarios más bajos. Sobre todo, cuando en septiembre vamos a tener que decidir también qué hacemos con los ERTE y la prestación de los autónomos”, comentó la vicepresidenta primera en una entrevista concedida a Onda Cero.

Justo a continuación, explicó que una negativa a la subida del salario mínimo no supondría la negativa a otra prórroga de los ERTE, pero sí matizó que la relación entre el Gobierno y los agentes sociales “es continua” y “no se trata de una negociación aislada”. Las conversaciones sobre la prórroga comenzarán la semana que viene, según anunció ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

En cuanto al SMI, Calviño volvió a defender la postura del Ejecutivo de acometer un aumento “limitado” este año, sustentado en los buenos datos de empleo de los últimos meses, y descartó de plano la propuesta de CEOE de implementar un salario mínimo por regiones. “No nos parece que sea una decisión sabia la de empezar a discriminar por territorios y establecer esa diferencia. La unidad del mercado es fundamental y de hecho tenemos que seguir profundizándola y reforzándola”, explicó Calviño.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también descartó tajantemente la posibilidad de un salario mínimo por regiones, ya que, en su opinión, es una propuesta que lo que busca es no aumentar los sueldos más bajos. En este sentido, advirtió que el sindicato pide para este año un incremento en línea con el IPC (está en el 3,3%) y que en caso contrario continuarán las manifestaciones.

“Si el acuerdo para este año es insatisfactorio van a seguir las movilizaciones y las vamos a intensificar”, aseveró. Sin embargo, Álvarez matizó que en caso de que el Gobierno llegue a un acuerdo de incremento a tres años, UGT puede ser más flexible en su postura, y admitir un alza inferior a 25 euros, en pos de asegurar que al final de la legislatura el SMI represente el 60% del salario medio.

En paralelo a las negociaciones por el SMI y la prórroga de los ERTE, el miércoles que viene se reanudarán las conversaciones por la reforma laboral, otra negociación en la que Trabajo cuenta, al menos de momento, con la oposición frontal de la patronal, que ha tildado de “marxista” la propuesta del Ejecutivo. El principal punto de discordia es la limitación de la temporalidad, de tal manera que en épocas de aumentos previsibles de la actividad las empresas no podrán hacer contratos temporales, sino que tendrán que acudir a la figura del fijo-discontinuo.

“La contratación temporal es un cáncer y esto también lo dice la patronal. La cuestión es que hay que ponerle terapia y eso quiere decir limitar la temporalidad, y aquí vamos a ser muy exigentes”, señaló Álvarez, quien aseguró que CEOE no ha hecho ninguna propuesta alternativa a la del Gobierno para limitar la temporalidad.

A pesar de la negativa expresada en numerosas ocasiones por la patronal a la reforma laboral, Álvarez no descarta que la patronal se sume al pacto y que este se consiga en este mes de septiembre, algo necesario para cumplir con el calendario de reformas acordado entre el Gobierno y Bruselas.