La Comisión Europea propondrá esta semana la creación de reservas estratégicas de gas y la posibilidad de que los Estados miembros puedan acogerse a un esquema voluntario de compra conjunta de este combustible. El objetivo es que los países puedan hacer frente a períodos críticos de desabastecimiento o de precios disparados, como el vivido en los últimos meses. Con la propuesta, el Ejecutivo comunitario recoge parcialmente una de las demandas del Gobierno español para enfrentarse a la crisis energética.

La propuesta de Bruselas, que será lanzada previsiblemente este martes aprovechando una revisión ya prevista de la legislación comunitaria sobre el gas, indica que se podrán acoger al esquema de compra común los países que lo deseen y dirigir estas adquisiciones a abastecer las reservas estratégicas, según detallan fuentes comunitarias. Cada Estado miembro podría almacenar estas provisiones en su territorio o en un país de la misma región de riesgo.

La Comisión quiere hacer gravitar el nuevo mecanismo en torno a este concepto de regiones o “grupos de riesgo”, algo así como un club de países con intereses y problemas gasísticos compartidos e interconectados energéticamente. España, por ejemplo, se encuentra en el grupo de riesgo de suministro de gas procedente del norte de África, desde Argelia, junto a Grecia, Francia, Croacia, Italia, Malta, Austria, Portugal y Eslovenia; y también en el del mar del Norte, desde Noruega, junto a Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y Suecia. La Comisión fijó estos grupos de riesgo a través de un acto delegado en noviembre.

En la comunicación que Bruselas lanzó en octubre para paliar con una batería de propuestas la crisis de los precios de la energía ya se incluía el estudio de las reservas y las compras conjuntas de combustible, y se hacía referencia a la creación de “nuevos grupos regionales transfronterizos de riesgo en materia de gas para analizar los riesgos y asesorar a los Estados miembros sobre la formulación de sus planes de acción nacionales de prevención y emergencia”.

Estas asociaciones de países de riesgo estudiarían la seguridad del suministro en su zona, con el objetivo de valorar si el almacenamiento les genera problemas o no. A partir de estos planes podrían optar por comprar gas conjuntamente para destinarlo a las reservas estratégicas; aunque no haría falta que para la adquisición conjunta los países formen parte del mismo grupo de riesgo, sí parece lógico que lo hagan de forma unida al estar vinculados a la misma fuente energética.

La nueva propuesta, añaden las fuentes comunitarias, establece que son los Estados los que podrán decidir que los operadores del sector mantengan un volumen determinado de gas almacenado. Es decir, es el Gobierno de cada país el que toma la decisión sobre compras conjuntas y reservas estratégicas y el que le encarga a la compañía operadora que compre el suministro destinado a formar parte de esos almacenamientos. La nueva normativa pide que los Estados miembros notifiquen a la Comisión los planes que tienen y detallen cómo lo pretenden financiar.

En la actualidad, la UE tiene capacidad de almacenamiento para alrededor del 20% de su consumo anual de gas, pero no todos los países tienen instalaciones u obligaciones de almacenamiento, según datos de la Comisión publicados en octubre. Desde el Ejecutivo comunitario asumen que la propuesta debería contentar a España, país que ha liderado desde el verano una especie de entente energética de países golpeados por los precios de la energía, forzando a la UE a entrar en el debate sobre el mercado de la electricidad y la formación de los precios del gas, y lanzando multitud de propuestas para acometer reformas a corto, medio y largo plazo.

Entre las numerosas sugerencias formuladas, el Gobierno reclamó en septiembre a la Comisión la puesta en marcha de “una plataforma europea centralizada de compra de gas natural que facilite la creación de reservas estratégicas”, con el objetivo de incrementar el poder de negociación europeo en los mercados internacionales y reducir la exposición a las fluctuaciones de un mercado del que el bloque comunitario es altamente dependiente: la UE importa el 60% de su energía, una cifra que ha crecido en los últimos años, y alcanza el 90% en el gas.

“Los productores de gas se comportan estratégicamente para maximizar sus beneficios, nosotros deberíamos actuar juntos para evitar estar a su merced”, señalaba la misiva firmada por las vicepresidentas primera y tercera del Gobierno, Nadia Calviño y Teresa Ribera. “Lo hemos hecho con bastante con éxito para las vacunas y deberíamos reproducir este modelo a otros campos estratégicos como este”.

Francia, Grecia, República Checa y Rumania se sumaron a otra propuesta española que pedía a Bruselas “elaborar directrices comunes sobre el almacenamiento de gas para mitigar y suavizar las subidas de precios” y “coordinar mejor” las compras para aumentar el “poder de negociación”.

Fuentes comunitarias aseguran, sin embargo, que el nuevo mecanismo “no tiene nada que ver” con el modelo usado para la adquisición centralizada de viales, ya que se trata de un sector completamente distinto. La Comisión también descarta la creación de nuevas reservas físicas destinadas al almacenaje estratégico, unas obras geológicas que resultarían demasiado caras.